Abuso sexual en uniforme

En diciembre y como cada año en los últimos 60, el Congreso estaba en vías de aprobar el presupuesto de defensa, el  National Defense Authorization Act, de, como suma inicial, 770,000 millones de dólares. En el texto legislativo se introducen siempre, durante los debates, cambios necesarios en la administración de las Fuerzas Armadas y otros tópicos relacionados. 

Este año hubo un tópico de creciente interés y preocupación incluido en la propuesta y que encontró oposición por parte de poderosos sectores reaccionarios.

Es el problema del acoso y abuso sexual en el ejército estadounidense. 

La epidemia de violaciones y demás tipos de abuso no es nueva. Pero esta vez, aparentemente, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el Jefe del Estado Mayor general Mark Milley aprueban los cambios. 

Se trata de la Ley de Mejoramiento y Aumento de la Prevención de la Justicia Militar, que la senadora Kristen Gillibrand, demócrata de Nueva York, ha estado impulsando año tras año sin éxito, por la obstinada oposición de la plana mayor del Pentágono. Este año, tuvo también la coautoría de la senadora republicana de Iowa Joni Ernst, ex teniente coronel y que fue abusada sexualmente. 

También apoyaban la ley los Veteranos de América de Irak y Afganistán, AMVETS, Estudiantes Veteranos de América, Service Women Action Network y Vietnam Veterans of America.

La decisión radicaba en el Senado. 

Según la propuesta las quejas de felonías no militares hubieran pasado a manos de un cuerpo especial de fiscales expertos que harían el proceso más rápido, la experiencia menos traumática y la justicia posible.

Es que según el Código Uniforme de Justicia Militar,  en la actualidad, quienes investigan y juzgan las denuncias son los mismos comandantes en el terreno, en lugar de fiscales independientes. El proceso necesita el visto bueno de toda la cadena de mando, lo que hace que cada caso dure muchos meses. Y los oficiales, casi siempre hombres, muchas veces fraternizan y comparten la vida en las bases militares con los mismos sospechosos. 

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Según el New York Times, después de los ataques, las víctimas también rara vez ven justicia: de los más de 6.200 informes de agresión sexual en 2020, solo el 50 (0,8%) terminaron en condenas por delitos sexuales según el Código Uniforme de Justicia Militar.

Esto solo incluye a quienes presentaron una denuncia formal, pero un estimado de 2018 indica que al menos 20,500 uniformados experimentan cada año algún tipo de asalto sexual. 

No sólo rara vez se castiga a los militares violadores, sino que a menudo se castiga a las víctimas por informar. Según una encuesta de 2018 de miembros en servicio activo realizada por el Departamento de Defensa, el 38% de quienes denunciaron experimentaron represalias profesionales.

El abuso está en todas partes, incluso cuando las víctimas buscan ayuda en el servicio médico militar.  Una de cada cuatro mujeres veteranas fue acosada (en 2019) por otros veteranos durante sus visitas a centros médicos de la Administración de Veteranos, y la agencia negó en 2018 el 46% de los reclamos médicos relacionados con trastorno de estrés postraumático por traumas sexuales militares.

Las mujeres son solo el 16.5% de las Fuerzas Armadas, y sin embargo en 2019 representaron el 31% de todos los intentos de suicidio entre sus miembros.

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La publicación por los medios de comunicación de casos extremos de injusticia, culminaron en el asesinato de la soldada Vanessa Guillén en Texas en junio pasado y una ola de protestas del movimiento Me Too. La pérdida resultante de prestigio de las armas hicieron lo suyo para cambiar la opinión de la plana mayor. 

El general Milley dijo: “nosotros, la cadena de mando, los generales, los coroneles, los capitanes, etc., hemos perdido la confianza de esos subordinados en nuestra capacidad para lidiar con la agresión sexual». 

Gillibrand había tratado de impulsar esta reforma desde que se hizo senadora en 2016.

Y sin embargo y a pesar del frente común que hicieron políticos y organizaciones de ambos partidos mayoritarios, la moción fracasó. En su lugar se aceptó una serie de reglas mucho menos comprometidas y radicales. Dijo la senadora: «los ajustes no llegan a crear un sistema de justicia militar verdaderamente independiente, que es lo que han pedido los sobrevivientes, los miembros del servicio y los veteranos”.

Es que en vez de llevar la moción a debate del plenario y subsecuente votación, los líderes del Comité de Fuerzas Armadas decidieron discutir entre ellos la legislación, con el resulado de que se le privó de sus más significativas partes.

La magnitud del problema y la obcecada oposición de los oficiales al cambio llevan a la inevitable conclusión de que si no hay avance, en Estados Unidos, el servicio militar es peligroso para las mujeres. 

La agresión y el acoso sexual se han propagado en las filas de las Fuerzas Armadas con líderes militares que repetidamente han prometido reformas y luego han incumplido esas promesas. Es un clásico caso en que la sociedad civil debe imponer las normas civilizadas y la protección a todos los habitantes. 

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Es cierto que el problema no se va a corregir con mera legislación, sino con un cambio profundo en la cultura machista que abunda desde altos oficiales a soldados rasos.  Pero la aprobación de la ley es un paso importantísimo. 

Si tiene pensamientos suicidas, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 (TALK). Recursos adicionales: SpeakingOfSuicide.com/resources.

 

   

 

 

 

 

Perfil del autor

Fundador y co-editor de HispanicLA. Editor en jefe del diario La Opinión en Los Ángeles hasta enero de 2021.
Nació en Buenos Aires, Argentina, vivió en Israel y reside en Los Ángeles, California. Es periodista, bloguero, poeta, novelista y cuentista. Fue director editorial de Huffington Post Voces entre 2011 y 2014 y editor de noticias, también para La Opinión. Anteriormente, corresponsal de radio. Tiene tres hijos adultos que son, dice, "la luz de mi vida".

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