Los secuestros masivos de migrantes que pasan por México son una industria gigantesca

Entonces, a plena luz del día, un camión de cuatro puertas pasó a alta velocidad y paró de golpe y bloqueó el camino de la familia. “¿Adónde van? Les ayudaré a llegar allí”, gritó uno de los tres pasajeros. Pero realmente no era una pregunta. Tenían las caras cubiertas con pasamontañas que solo dejaban al descubierto los ojos. Vestían chalecos antibalas con una imagen de la bandera mexicana y una calavera. Los hombres bajaron del camión y les apuntaron con armas.

“Pueden subir al carro por las buenas o por las malas”, dijo uno. Zelada lloraba con los tobillos hinchados y la ropa empapada de sudor, y no opuso resistencia. Ella y su sobrino, su hijo y su nuera se apretaron en el asiento de atrás del camino después de ayudar al esposo a entrar en el asiento de enfrente.

Ella calcula que condujeron durante 45 minutos, sobre todo por caminos de tierra aislados, hasta que pararon en un rancho abandonado lleno de vehículos de lujo y docenas de migrantes aterrorizados que estaban encerrados en un gran corral hecho para el ganado.

“Lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo”, dijo Zelada. “Yo ya viví. Tuve mi hogar. Tuve a mis hijos. Pero él está empezando».

«Le dije a Dios, Señor, por favor ayúdanos, ayúdanos a salir de acá».

Hace tiempo que México se conoce como un país de tránsito peligroso para migrantes por las amenazas de violencia de los cárteles y las coacciones de los agentes de inmigración y la policía. Pero a través de las entrevistas con más de 70 migrantes durante siete meses de este año, y también con funcionarios estadounidenses y mexicanos, ProPublica determinó que una nueva fase de secuestros masivos para exigir rescates ha surgido en la frontera sur del país que es diferente por su naturaleza y dimensiones a lo que sucedía en el pasado.

Esto enfatiza lo eficaces que son los cárteles mexicanos al adaptar sus estrategias para explotar las nuevas políticas de Washington.

A lo largo de la frontera de México y Guatemala, bandas organizadas afiliadas a los cárteles de la droga han creado una maquinaria de extorsión de tamaño industrial en la que se secuestra a grandes números de migrantes en el momento en que ponen un pie en el país. Es un negocio basado en el volumen, uno que sus víctimas raramente denuncian por el nivel relativamente bajo de los rescates y la desconfianza en las autoridades mexicanas. Los defensores de inmigrantes y los líderes religiosos dicen que los grupos criminales han creado redadas virtuales que convierten los secuestros en la norma en vez de la excepción.

La inmigración se ha convertido en un tema principal para los votantes estadounidenses de cara a la elección presidencial del 5 de noviembre – y una debilidad política para la candidata demócrata, la Vicepresidenta Kamala Harris. En diciembre de 2023, mientras los cruces de frontera alcanzaban cifras sin precedentes, la administración Biden-Harris envió una delegación a México para presionar al gobierno mexicano para que intensificara drásticamente la aplicación de la ley de inmigración, según un alto funcionario mexicano con conocimiento de las conversaciones.

La secretaría mexicana de relaciones exteriores no respondió a un pedido de comentarios sobre las negociaciones.

En los meses que siguieron a las negociaciones de diciembre, México redujo dramáticamente el número de visados humanitarios que emitía a solicitantes de asilo, que muchos usaban para cruzar el país en camino a la frontera de Estados Unidos, según datos del gobierno. Las autoridades también ampliaron el número de retenes para detener a más migrantes, según defensores de los derechos de los migrantes.

Este año hasta septiembre, las autoridades mexicanas reportaron un número récord de 925,000 detenciones, una cifra que probablemente incluye a personas que han sido capturadas más de una vez y a muchas que fueron detenidas por poco tiempo.

Pero México solo deporta una pequeña fracción de los migrantes que aprehende—menos de un 2 por ciento del número total de aprehensiones este año terminaron en deportaciones, según datos del gobierno mexicano. Recursos limitados y decisiones judiciales que restringen el derecho de México a detener a familias han obstaculizado la capacidad del gobierno mexicano para realizar retornos en gran escala de migrantes a sus países de origen.

Así que, como alternativa, las autoridades mexicanas envían por la fuerza a decenas de miles de migrantes por autobús al sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos, y los dejan allí. Durante los primeros nueve meses del año, México mandó por autobús a más de 60,000 mil migrantes desde otras partes de México a los estados sureños de Chiapas y Tabasco, más que en todo 2023 y cerca del doble que en 2022, según un análisis de los datos del gobierno mexicano. El análisis no incluyó a gente trasladada por autobús desde aquellos dos estados sureños a otras partes de México. Estos datos fueron reportados primero por Reuters.

Los traslados por autobús generan que los migrantes giren en círculo dentro del territorio mexicano en una estrategia de carrusel que los fuerza a pagar repetidamente a los agentes de inmigración, secuestradores y traficantes de migrantes.

Está “diseñado para disuadir a los migrantes al hacer más difícil y aún más costoso cruzar a México”, dijo acerca de los traslados Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un centro de estudios en Washington, DC. Pero el resultado, dijo, “da a los grupos de crimen organizado una segunda oportunidad para extorsionar a los migrantes”.

La estrategia de los autobuses hace volver a los migrantes a una región en donde la violencia está creciendo, donde enfrentan amenazas no solo del crimen organizado, sino también de las autoridades. En octubre, soldados mexicanos abrieron fuego contra un camión tráiler justo al norte de Tapachula y mataron a seis migrantes, incluido al menos uno de Egipto. Las autoridades mexicanas se comprometieron a investigar las muertes.

El aumento de la violencia coincide con una batalla campal entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas en el sur de México. Ya ha hecho subir espectacularmente las tasas de homicidios en los estados sureños de Chiapas y Tabasco, según expertos en seguridad y datos del gobierno mexicano.

Un viaje a la frontera sur de México este año ofreció una visión de lo temerario que se ha hecho el crimen organizado—y lo fácil que es ganar dinero con la explotación de los migrantes. ProPublica entrevistó a 35 migrantes en ocho familias secuestradas al intentar cubrir las 20 millas que separan Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, de Tapachula, la ciudad más cercana de la zona. ProPublica entrevistó a otros 16 migrantes en la Ciudad de México que estuvieron secuestrados en la misma zona. Las víctimas eran de Centroamérica, Venezuela y Colombia e incluían madres que viajaban con bebés, ancianos y familias grandes.

Contaron relatos casi idénticos de cómo los emboscaron, frecuentemente por conductores de taxis y autobuses quienes los entregaron a hombres armados en un rancho abandonado con gallos de pelea, donde se les ordenó pagar un rescate para su liberación. A los migrantes que no traían efectivo, o no lo suficiente, se les facilitaba conexión de wifi y una cuenta de banco mexicano para que pudieran llamar a sus familias y pedirles que pagaran el rescate. Los secuestros son tan frecuentes y abiertos que los migrantes caminan por Tapachula con sellos de un pájaro estampados en sus antebrazos como señal de que pagaron el rescate. Muchos llaman “el gallinero” al rancho de secuestros a dónde los llevan.

Los secuestros masivos en el sur de México empezaron a mitades de 2023 y se intensificaron a finales de ese año, según activistas por los derechos de los migrantes que monitorean la situación. Para 2024—después de que México y Estados Unidos acordaron frenar a los migrantes antes de llegar a la frontera estadounidense—a casi cada migrante que intentó cruzar a México por Ciudad Hidalgo sin la ayuda de un traficante lo secuestraron y retuvieron en un rancho aislado, dijeron.

Los funcionarios estadounidenses indicaron que están al tanto de los peligros que acechan a los migrantes en México, pero dicen que no pueden interferir en si el gobierno de allí los protege y cómo lo hace. Blas Núñez-Neto, un funcionario de alto nivel de la administración, dijo en una conversación telefónica en español con reporteros en julio que es “imposible” para los migrantes que viajan de “manera ilegal” a la frontera estadounidense llegar sin “pasar por las manos de los cárteles”.

Sin embargo, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y México dicen que los traslados en autobús y la cooperación de vigilancia que se ha intensificado entre los dos gobiernos—junto a las nuevas restricciones sobre el asilo impuestas por la administración Biden—han contribuido al declive dramático de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sudoeste de Estados Unidos. Las detenciones de migrantes por la Patrulla Fronteriza han caído aproximadamente un 78%, de alrededor de 250,000 a casi 54,000 en septiembre, según datos de Estados Unidos.

El portavoz de la Casa Blanca Angelo Fernández Hernández dijo que “la coordinación y colaboración de la administración con México es increíblemente fuerte, construida sobre respeto mutuo, intereses compartidos y metas comunes”.

Un portavoz de la oficina del Presidente de México refirió preguntas de una reportera a la secretaría de Gobernación, que no respondió a reiteradas peticiones para hacer comentarios. La agencia nacional de inmigración mexicana dijo que no recibe ningún apoyo económico de Estados Unidos por el operativo de los autobuses y refirió preguntas acerca de los secuestros al fiscal estatal de Chiapas.

La unidad del fiscal estatal de Chiapas encargada de investigar crímenes contra migrantes dijo que no ha recibido ninguna denuncia de secuestros individuales o masivos en la zona entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. La unidad, sin embargo, dijo que había facilitado la liberación de nueve migrantes de Nepal, India y Bangladesh quienes habían sido víctimas de un supuesto secuestro en Tapachula.

Enrique Vidal Olascoaga, director del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, dijo que en septiembre las autoridades mexicanas hicieron una incursión en uno de los principales ranchos de secuestros de la región y lo cerraron. Pero, dijo, otros siguen operando y los migrantes son todavía secuestrados y extorsionados regularmente mientras intentan llegar a Tapachula.

Rescate al por mayor

Atrapada en el rancho aquel día de enero, Zelada temía haber cometido un error fatal. Su familia no era adinerada, pero en Guatemala su marido había vendido plátanos desde un camión y nunca les había faltado un “plato de frijoles”, dijo. Entonces, en octubre de 2021, miembros de la poderosa pandilla callejera Barrio 18 atacaron a su marido porque no podía pagar las tarifas de extorsión de la pandilla, le dispararon y lo dejaron paralizado de la cintura para abajo. Sin embargo, la familia se quedó hasta que los pandilleros empezaron a acosar a su hija de 19 años. La familia de Zelada juntaron dinero para que su hija pudiera viajar con un traficante de migrantes a los Estados Unidos, mientras el resto de la familia huyó dos meses más tarde. Zelada no pensó que viajar a través de México podría ser más peligroso que la vida que habían dejado atrás.

Pero cuando Zelada y su familia se encontraron retenidos como rehenes en el rancho abandonado horas después de entrar en México, tuvo dudas sobre la decisión de haber hecho el riesgoso viaje hacia el norte. La mayoría de los migrantes en el rancho eran hispanohablantes, pero un puñado de los otros parecían ser de China, y ella vio cómo los secuestradores usaban una aplicación para traducir en sus teléfonos celulares para comunicarse con ellos, dijo. Uno de sus captores les dijo que si entregaban todo su dinero en efectivo, serían liberados para continuar su camino. Zelada y sus parientes juntaron todo el dinero que habían traído con ellos, 2,700 dólares estadounidenses, y se lo dieron.

Isabel, una colombiana que aceptó ser identificada por su segundo nombre, dijo que, justo después de cruzar la frontera sur de México en mayo con su marido y dos hijos pequeños, uno de tres años y otro de 11 meses, dos conductores de mototaxis les ofrecieron llevarlos a Tapachula. Se dio cuenta de que la habían engañado cuando los conductores llegaron a un rancho desvencijado. Intentó huir, pero unos pistoleros la forzaron a volver. Los guardias usaban radios emisoras-receptoras para comunicarse entre ellos y vigilaban los teléfonos de los rehenes para evitar que sacaran fotos, dijo. A ella y su familia les dieron arroz para comer dos veces al día durante tres días mientras esperaba a que su suegra en Venezuela juntara el rescate exigido por los secuestradores.

La mayoría de los migrantes explicaron que los secuestradores tenían una tarifa fija: 75 dólares estadounidenses por persona, mitad de precio para niños menores de 10 años. Pero el precio exacto dependía del día, las circunstancias y la nacionalidad de las víctimas–se cobraba más a los cubanos y a los haitianos porque se presume que tienen familia en los Estados Unidos, y a los migrantes chinos se les pedía un precio más alto porque suelen tener más dinero, según defensores de los migrantes que trabajan en la región.

Sin embargo, los secuestros en el sur de México son un negocio basado en el volumen. Aun al cobrar cantidades relativamente pequeñas de dinero y al mover a los migrantes lo más rápido posible, las bandas criminales consiguen enormes ganancias con poco riesgo.

Heyman Vázquez, un sacerdote católico que trabaja en Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, dijo que los grupos criminales en México han ido al extremo de desplegar puntos de control sobre la autopista principal para identificar a los migrantes. “Está muy coludido ya con las autoridades”, dijo de los secuestros, y añadió que hay una línea borrosa entre las autoridades que tienen el deber de proteger a los migrantes y los cárteles que los explotan. “No sabe uno con quién está hablando”, dijo.

La unidad antisecuestros del estado de Chiapas dijo que no tenía información sobre el involucramiento de las autoridades mexicanas en secuestros de migrantes.

Los migrantes que atraviesan México se han enfrentado durante mucho tiempo a actos horribles de violencia en sus esfuerzos para llegar a Estados Unidos, sobre todo en el norte de México. En 2022, 12 policías mexicanos fueron acusados de asesinar a 16 migrantes guatemaltecos, incluido uno que fue identificado como cómplice de los traficantes, cuyos cadáveres se encontraron baleados e incinerados al sur de la frontera de Estados Unidos.

Nadie sabe exactamente cuánto dinero ganan de la inmigración los grupos criminales mexicanos, incluidos los secuestros y el tráfico de migrantes. Según una declaración del Congreso estadounidense en 2021 del director en funciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el tráfico de personas hacia Estados Unidos y las actividades criminales relacionadas producen aproximadamente de 2,000 a 6,000 millones de dólares estadounidenses anuales. Pero la mayoría de los funcionarios creen que estas ganancias han escalado con el aumento vertiginoso del número de migrantes que cruzan México en años recientes—una cifra récord de 2.5 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2023.

Dana Graber Ladek, jefa de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, dijo que los cárteles ven a los migrantes puramente como “oportunidades para ganar dinero a muy gran escala”. Dijo que, por esta razón, algunos de los migrantes que la organización ha encontrado en México describen el país como una “segunda selva” después del trecho de la peligrosa selva tropical, el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá que se ha transformado en una ruta clave para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.

La naturaleza es una de las amenazas principales en el Darién, dijo. “En México”, dijo, “la amenaza principal son las personas”.

Las docenas de migrantes que hablaron con ProPublica después de ser capturados en el sur de México dijeron que, en la mayoría de los casos, después de que pagaron el rescate los secuestradores se organizaron para llevarlos a Tapachula. Dijeron que los metieron apretados en autos, a veces 10 o más personas por vehículo, y los dejaron en una tienda en una esquina cerca de una de las plazas centrales de la ciudad. Los secuestradores les dijeron que el sello en sus antebrazos los protegería de ser secuestrados otra vez en la zona de Tapachula. Pero esta protección solo duraba mientras permanecían en la ciudad.

Después de entregar todo su dinero, la familia de Zelada fue retenida en el rancho durante menos de media hora, según calcula. Sin embargo, dijo, “yo sentía una eternidad”.

Después, ella y su familia pasaron dos meses intentando solicitar el asilo en México antes de rendirse y unirse a un grupo de alrededor de 2,000 migrantes que caminaban hacia el norte en una caravana. De marzo a julio, Zelada dijo que ella y su familia caminaron más de mil millas durante días abrasadores de verano, dormían en parques y al lado de las vías ferroviarias, hasta que finalmente pudieron cruzar a Estados Unidos usando una aplicación móvil del gobierno estadounidense que se llama CBP One. Actualmente viven en Carolina del Sur mientras solicitan el asilo.

Pero para otros migrantes, los secuestros en el sur de México descarrilaron sus vidas. Jennifer, una hondureña de 23 años que pidió ser identificada solo por su primer nombre, dijo que sus hijas de 4 y 5 años se traumatizaron después de ser encerradas a punta de pistola en un corral de ganado. Cuando los secuestradores las dejaron a las tres en Tapachula después de pagar el rescate, encontraron un lugar en un refugio para migrantes. Pero ella y sus hijas están demasiado aterrorizadas para marcharse. Siete meses más tarde, todavía están viviendo en el refugio.

Los traficantes de migrantes han ofrecido acompañar a la familia hasta la frontera de Estados Unidos, pero ella no tiene suficiente dinero para pagar. Temen viajar por su cuenta por miedo a ser secuestradas de nuevo, pero tampoco pueden concebir un retorno a Honduras. “Aquí no se puede confiar en nadie”, dijo.