El juicio politico de Donald Trump, por Ricardo Moreno
El juicio político (Impeachment) es un instrumento legal muy antiguo y un arma política ejercida por primera vez por el parlamento ingles en 1376, para arrebatarle poder al Rey al acusar a sus ministros de abusos de poder, condenarlos, sacarlos de su cargo y llevarlos a prisión de ser necesario.
Unos cuatrocientos años después, la destitución había desaparecido de la practica inglesa cuando los delegados estadounidenses a la Convención Constitucional celebrada en 1787, en la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, lo establecieron en el Articulo II, Sección 4: “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán removidos de su oficio por enjuiciamiento y condena por traición, soborno u otros delitos grandes o menores”.
Los constitucionalistas estadounidenses querían dejar claro que un presidente no es un rey. Su poder se balancearía sometiéndose a una elección cada cuatro años y existiría una clara separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Pero aun esto no proporcionaría “seguridad suficiente”. Un presidente podría convertir su administración en un sistema de opresión y corrupción. Podría traicionar al estado compartiendo información confidencial a potencias extranjeras. Además, los votantes podrían tomar una mala decisión y lamentarla, mucho antes de las próximas elecciones.
El juicio político entonces se estableció como la forma de remover a un presidente u alto oficial que no era apto para terminar su mandato. Pero también se estableció por la fabilidad de quienes eligen, así como por la posible corrupción del funcionario elegido.
El Senado de los Estados Unidos ha celebrado solo dieciocho juicios políticos en doscientos treinta años, y solo dos veces contra un presidente. Debido a que la impugnación ocurre con poca frecuencia, es difícil sacar conclusiones sobre lo que hace, o incluso como funciona.
En cada ocasión, los legisladores pasan mucho tiempo discutiendo por el significado de las palabras y la naturaleza de los crímenes. La realidad es que cada juicio político es un experimento jurídico inédito, que responde a un contexto politico inmediato.
Si la Cámara de Representantes vota para acusar a Donald Trump, esto no garantiza que el Senado celebre un juicio. Eso va a depender de si los senadores, especialmente los republicanos, ven que es políticamente conveniente celebrar un juicio.
[bctt tweet=»Es posible que 20 senadores republicanos se unan a sus colegas demócratas, anteponiendo los principios constitucionales a sus intereses partidistas, y se evite que EEUU se convierta en el reino de un solo hombre (Ricardo Moreno)» username=»hispanicla»]
Aunque se realice un juicio, la probabilidad de que se logre un voto condenatorio de las dos terceras partes de los cien senadores, es muy remota. La acusación es una escalera muy alta y destartalada. La condena es una pequeña ventana, apenas abierta. Es difícil y peligroso subir la escalera, y nadie que haya llegado a la cima, nunca ha logrado meterse por la ventana.
La destitución de Richard Nixon, en 1974, que, aunque nunca fue a juicio en el Senado, tuvo éxito en el sentido que expulso a Nixon de su cargo, obligándolo a renunciar. Representó un uso totalmente coherente con los orígenes ingleses del instrumento; intentó hacer mella en el poder hinchado de la presidencia y sirvió para reafirmar el balance de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.
La presidencia de Nixon comenzó a desmoronarse solo después de la publicación de los documentos del Pentágono, en 1971. Pero en estos no se acusó a Nixon sino a su predecesor Lyndon Johnson, de engañar al público estadounidense acerca de la guerra en Vietnam.
La ira pública que hizo posible la acusación, no tenía que ver solo con las mentiras de Johnson, sino con los abusos de poder de Nixon. Sin embargo un nuevo acuerdo para reducir los poderes del Presidente nunca fue aprobado en el Congreso, en cambio, la nación se dividió, y esas divisiones se ampliaron en toda la sociedad estadounidense.
Cuanto más profundas son esas divisiones políticas, menos afilada es la espada de la acusación.
Solo muy raramente en la historia de Estados Unidos un partido ha ocupado más de dos tercios de los escaños en el Senado (no ha sucedido desde 1967), y cuanto más prevalezca la política partidaria en el Congreso, menos probable es que sesenta y siete senadores puedan ponerse de acuerdo para aprobar la destitución de Donald Trump. Asumiendo que los cuarenta y cinco demócratas y los dos independientes voten por la culpabilidad, aun faltaría convencer a veinte republicanos.
Precisamente debido a que en la Cámara Baja las divisiones partidistas están más arraigadas, más dispuesto ha estado a pedir un juicio político.
Desde la inauguración de Ronald Reagan en 1981, algunos miembros de la Cámara Baja han introducido resoluciones de juicio político (articles of impeachment) durante cada presidencia. Era muy común observar en las distintas concentraciones políticas, gente portando letreros que decían: “Enjuiciar a Bush” o “Enjuiciar a Obama”, aunque solo en contra de Nixon y Clinton, esos artículos fueron aprobados por una mayoría en la Cámara de Representantes.
Es muy difícil que una acusación aprobada por la Cámara Baja termine siendo aprobada por el Senado. El fallido juicio político de Bill Clinton, en 1999, por mentir bajo juramento, sobre la naturaleza de su relación sexual con Mónica Lewinsky, se aprobó en la Cámara Baja, pero no alcanzó los votos necesarios en el Senado.
Este proceso debilitó la fe de de los estadounidenses en el Congreso, que consideraron el juicio político como algo parecido a un hacha en las manos del partido con la mayoría, groseramente forjada sobre el cuello de un presidente.
La acusación contra Clinton tuvo una consecuencia más: hizo que Donald Trump, el playboy autoproclamado, apareciera en la televisión nacional como una autoridad en la vida sexual de los hombres blancos con un ego desmedido. “Paula Jones es una perdedora”, dijo Trump en CNBC, refiriéndose a la ex empleada del estado de Arkansas que demandó a Bill Clinton por acoso sexual. “Es una vergüenza terrible”.
Además, “creo que sus abogados hicieron un trabajo terrible”. “Ni siquiera estoy seguro de que fuera necesario apegarse a la Quinta Enmienda”. Después de todo, ¿por qué debería alguien responder por algo así?
El reto para el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell, si la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de Nancy Pelosi aprueba los artículos de destitución, es realizar un juicio. Evidentemente no le conviene políticamente al Partido Republicano, ya que seguramente conducirá a un sinfín de acusaciones y contraacusaciones políticas, en medio de una campana presidencial atípica.
Seguramente fracasará, ya que es muy probable que la gran mayoría de los senadores republicanos, antepondrán sus intereses partidistas a los principios constitucionales estadounidenses. Muy difícilmente se alcanzará las dos terceras partes requeridas para lograr la destitución.
Sin embargo, no hay que descartar del todo la remota posibilidad de que veinte senadores republicanos se unan a sus colegas demócratas e independientes, anteponiendo los principios constitucionales a sus intereses partidistas, y se evite que los Estados Unidos se conviertan en el reino de un solo hombre. Eso sería un alivio, no solo para los estadounidenses, sino para el resto de la humanidad.