Las leyes contra personas trans son un modelo de lo que vendrá

Erik Carnell, fabricante de ropa de moda de Londres, logró colocar en las tiendas Target de Estados Unidos. Sus creaciones son, como dice en su sitio, “sin disculpas, ruidosas, orgullosas y coloridas”. O mas directamente, parte del impulso del orgullo gay. Y para demostrarlo, están adornadas con textos como “Cura la transfobia, no a las personas trans”; “Pertenecemos a todas partes” y “Demasiado queer para aquí” (too queer for here).

Casi inmediatamente, y casi simultáneamente, comenzó a recibir cientos de mensajes de odio que incluían insultos y amenazas de muerte, incorrectamente acusándolo de que la colección estaba supuestamente dirigida adrede a niños, y según ellos, con el objetivo de prepararlos para un encuentro con pedófilos.  Carnell dice que quería crear artículos más allá de “simplemente un arcoíris pegado al azar en una camiseta”.

En pocos días, Target retiró la mercadería de sus tiendas y de su sitio de internet. 

Fue una campaña bien organizada, que incluyó llamados a boicotear Target. En Tik Tok, dice la noticia, “circuló un video que mostraba a una empleada de Target a la que se le preguntaba si apoyaba la “propaganda del orgullo satánico”. Y numerosos artículos en la prensa de derecha llamaron al empresario “Satán”.

La gente que participó en la exitosa campaña, cuya vida anónima transcurre en línea, piensa que está en su derecho de odiar a otros por su manera de ser, y de tomar medidas acordes con ese sentimiento. 

Pero quienes organizan la campaña contra la gente trans lo hacen con la esperanza -bien fundada- de que la hostilidad hacia ese grupo se extienda a una animosidad equivalente contra otros. Contra quien defienda a la gente trans, o los comprenda, o acepte, o afirme sus derechos. O contra cualquier liberal, ateo, demócrata, socialista, judío, gay o estudiante en una de las universidades de la “elite”. 

Todos ellos, según su lógica torcida y disonante, serían cómplices de crímenes casi siempre imaginarios y merecen un castigo. 

Es por eso que no van a soltar a la gente trans. No va a interrumpir el ataque. No porque les importe tanto, sino porque enciende el entusiasmo de las masas, es decir, por los buenos resultados políticos que su cruzada va a tener. 

Entonces, ahora buscan incansablemente nuevos horizontes para acosarlos, como prohibir la participación de mujeres trans en deportes competitivos. La imaginación no tiene límites.

El odio que cultivan no viene necesariamente de abajo, de la gente simple o ignorante o equivocada. Viene de arriba, del gobierno. 

Los gobiernos estatales y municipales promulgan leyes coercitivas y encuentran la manera de justificarlas con la necesidad de proteger a los niños. Por ejemplo, las que prohíben el tratamiento médico de afirmación de género para los jóvenes trans para menores de 18 incluso si los padres o tutores han dado su consentimiento. En Carolina del Sur y Oklahoma, para menores de 21. A esa edad uno ya puede casarse, votar, comprar alcohol o tabaco, enrolarse en las fuerzas armadas, etc. 

Resulta sorprendente enterarse que Jessica Watkins, condenada esta semana a ocho años y medio de cárcel en una prisión federal por haber organizado un grupo en la milicia fascista Oath Keepers y liderado una columna durante el ataque al Congreso en 2021, es una joven trans. En su juicio pidió clemencia porque la totalidad de los ataques discriminatorios en su contra la llevaron a posiciones extremas. 

“Podías haber sido un ejemplo a tu generación, un role model para otras personas que pasan por lo mismo”, le dijo el juez federal Amit Metha al anunciar la sentencia. “Y lo digo en momentos en que personas que son trans en nuestro país son tan frecuentemente calumniadas y utilizadas para fines políticos”. 

Estos ataques que menciona el juez son populares en los centros de poder en numerosos estados gobernados por republicanos. Según Human Rights Watch, las legislaturas estatales en esos estados aprobaron 315 leyes contra personas trans. Por ser abiertamente discriminatorias, el 90% de esas propuestas no se convirtieron en ley. Pero el 10% restante – 32 leyes – si lo lograron, y constituyen la base para una segunda ola de prohibiciones y rechazos que vendrá en el futuro. 

Otra versión arroja 450 leyes en una sola temporada legislativa dirigidas contra personas gay. 

La ACLU reconoce seis diferentes frentes en la ofensiva antigay. Estos son: actualización informativa en documentos oficiales; leyes que permiten a empleadores y hasta a hospitales rechazar a las personas LGBTQ o negarles un trato igualitario; restricción del acceso a libros sobre personas gay y censurar sus espectáculos; bloqueo de la cobertura médica para personas transgénero; prohibición de que las personas transgénero usen baños públicos y vestuarios; y “evitar que los estudiantes trans participen en actividades escolares como deportes, obligar a los maestros a sacar a los estudiantes y censurar cualquier discusión en la escuela sobre personas y problemas LGBTQ”. Asimismo, promover proyectos de ley que prevengan futuras protecciones locales contra la discriminación.

California es un ejemplo al revés, en donde nuevas regulaciones conceden protección a la gente, y donde los ataques del lobby anti trans vienen a morir. 

Las maquinaciones de otros estados no han hecho mella en California. Un proyecto de ley, AB 1314, demandaba que la escuela notificase a los padres si su hijo mostraba una conducta que no correspondía a su género, independientemente si el muchacho sería severamente castigado o si la observación no correspondía con la realidad. La moción fue derrotada, afortunadamente, porque los legisladores comprendieron que podría ponerl en peligro la vida del estudiante y violar la ley contra discriminación al hacerlo más susceptible a los acosadores.

Según la Encuesta Nacional 2022 sobre la Salud Mental de los Jóvenes LGBTQ, del grupo de defensa The Trevor Project sobre suicidios de personas transgénero, arrojó que solo uno de cada tres jóvenes transgénero se sentían seguros de reportar su identidad sexual en casa. 

Esto llevó a que el grupo LGBTQ de la Legislatura denunció el proyecto diciendo que “Las conversaciones entre los niños y sus padres sobre la identidad de género deben ocurrir en sus términos, en el momento y lugar que los niños consideren apropiado”.

Y sin embargo, esa misma ley fue promulgada recientemente por el gobernador de Florida, el ultraderechista Ron DeSantis. 

Otros intentos de discriminar con base en la preferencia sexual han fracasado en las ciudades californianas donde ciertos grupos quisieron hacerlo. 

California difiere del resto del país en muchos aspectos, y la protección a la comunidad gay es uno de los más importantes. 

El resultado es que el porcentaje de personas gay en la Legislatura de California  es un récord nacional de 10%. Este dato puede ayudar a evitar que las personas gay desistan de participar activamente en el proceso democrático, perdiendo así una oportunidad para mejorar su situación. Es, sí, un círculo vicioso. 

Estos son algunos de los muchos logros de California en leyes, iniciativas y disposiciones en defensa de la comunidad gay.

En 1999 el estado legalizó la asociación doméstica, o la existencia de parejas de hecho, con una ley que les confería los mismos derechos que a los heterosexuales, algo que la ciudad de Berkeley tenía en sus leyes desde 1985. A partir de 2003 se permitió la adopción de hijastros y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Consideremos que en 1977 la misma Legislatura, con enorme mayoría, definió que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero en 2008, aprobó la ley que legalizó los matrimonios entre personas del mismo género, y aunque esta se suspendió tres meses después por demandas judiciales, se reactivó casi cinco años después cuando la Suprema Corte se negó a anularla. En 2009 el estado reconoció estos matrimonios realizados en otros estados. 

Esto sucedió en un estado en donde hasta 1975 la ley castigaba con de 1 a 14 años de cárcel la sodomía. Por medio siglo y hasta 1950 fue legal y se practicaba en California la esterilización de presos por “perversión sexual”, con casi 20,000 víctimas. 

Más aún. Entre una y otra ley o plebiscito de protección y reconocimiento a parejas homosexuales hubo leyes y plebiscitos que dictaban lo contrario, y tanto unas como las otras fueron decididas por mayoría. Como si fuese un estado bipolar. 

En 1994, los californianos aprobaron la dracónica Proposición 187, que hubiera alejado a los hijos de indocumentados de las escuelas, a sus familias de los hospitales y a sus padres de sus empleos. Finalmente las cortes anularon casi todas sus partes, pero el efecto que tuvo en la comunidad latina es despertarla políticamente. Actualmente todos los puestos electos del estado, empezando por el gobernador, están en manos de los demócratas, quienes también poseen mayorías absolutas en ambas cámaras legislativas. 

Desde entonces, el estado se ha vuelto más y más liberal. Desde entonces también, los blancos no latinos han dejado de ser mayoría y ni siquiera son la primera minoría. El estado tiene 39% de latinos, 35% de blancos, 15% asiático americanos, 5% afroamericanos y 5% multirraciales. 

Es esta composición lo que dicta el sendero político del estado, en contraposición con aquellos en donde, en algunos casos aterrorizados por la perspectiva de perderla, los blancos todavía son amplia mayoría. 

Y es en este contexto donde caben las leyes de protección para las personas trans, así como para otras minorías o grupos marginales o históricamente discriminados.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.