Pese al alza en los casos de contagio de coronavirus, muchos gobiernos se apresuran a reabrir la economía. Y por todas partes el COVID-19 hace estragos allí donde se emiten órdenes de volver al trabajo. Erróneamente, los gobiernos amenazan a sus trabajadores con que si les llaman para trabajar y desobedecen perderán sus beneficios laborales.
Literalmente ello sucede en casi cada estado.
No a la inmunidad corporativa
En el pequeño condado de Dakota, Nebraska, uno de cada 14 habitantes dio positivo al test de coronavirus, y sin embargo muchos asalariados allí son conminados a trabajar.
En un condado de Texas la relación es de uno de cada 39 habitantes, mas siguen a todo vapor las etapas del retorno.
En 19 estados, según el Centro para el Control de Enfermedades, unos 5,000 trabajadores de la industria de la carne han enfermado del coronavirus. Sin embargo, el presidente Trump ha ordenado que vuelvan al trabajo so pena de castigo por la autoridad federal.
En los centros geriátricos de todo el país el contagio y la mortandad son tan grandes que los datos se ocultan del público, sea porque se contabilizan por separado, porque los propietarios no se animan a difundirlos o porque publicarlos obligaría a hacer algo.
Un mundo al revés
También en Texas, empleados de un concesionario de autos se quejaron de que no se implementaban siquiera las normas básicas de prevención e higiene. Por ejemplo, los automóviles no se fumigaban o limpiaban por dentro después de que un cliente los probara. Un inspector municipal confirmó la situación. No tomó medidas, salvo comunicar sus hallazgos a la autoridad encima de él. Nada se hizo y las violaciones siguen ahora mismo. El mismo día la policía arrestaba a dos mujeres trabajadoras que, separadamente, ofrecían atención cosmética en las casas.
Muchos gobiernos protegen menos a quienes menos tienen y les importa mucho más el lucro de las industrias.
En ningún lugar esta injusticia es tan clara como en la iniciativa del Congreso de otorgar inmunidad a las corporaciones si sus acciones causan el contagio de sus empleados, o sus clientes o pacientes.
Se trata de un retroceso en conquistas laborales y de normas de protección y seguridad que llevó décadas de lucha lograr. En el fragor ensordecedor del coronavirus, todo es lícito. Desde la Casa Blanca para abajo, la actitud es aprovechar la terrible crisis para obtener beneficios. Como si esto fuese un juego.
Protegen a los peores
En un editorial este viernes, dice el New York Times que “el problema es que la inmunidad no solamente protege a los peores, sino que castiga a los mejores, al otorgar a los negocios que se aprovechan a expensas de la seguridad y salud de trabajadores y clientes”.
Es así.
Para justificar esta injusticia, los gobiernos aducen que la inmunidad judicial impedirá una inundación de demandas frívolas. Esto es falso. Como dice aquí, solo han habido 47 demandas a nivel nacional por mala práctica, casi todas ellas contra compañías de crucero.
Las otras mil demandas, son de presos pidiendo su libertad de instalaciones infestadas. O iniciadas por un negocio contra otro. O denuncian aumentos especulativos de precios. O piden reembolsos por servicios no prestados. Y no hay casi demandas por contraer el coronavirus en el trabajo.
Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell dijo que el Congreso hará más difícil presentar demandas contra corporaciones porque el temor de las mismas llevará a que muchos negocios no abran.
Con apoyo de demócratas en ambas cámaras, buscan maneras de proteger a los negocios contra sus propios empleados y clientes, de manera tal que reabran sus puertas a toda costa, castiguen a los empleados que se nieguen a concurrir, y no sean responsables si en consecuencia aquellos se contagian del COVID-19 o mueren.
En defensa del trabajador
Consideramos que debería ser al revés. Se debe defender al trabajador para que los empleadores teman medidas punitivas si los hallan negligentes en su protección. De esa manera, los negocios que reabran lo harán con garantías de salud tales que inspirarán confianza entre su personal y en el mercado, lo cual impulsará a la economía. Porque la verdad es que las compañías no serán halladas negligentes si pueden demostrar que siguieron las regulaciones gubernamentales de salud.
Esto también enfatiza la necesidad de tales regulaciones, que el gobierno de Trump hasta ahora no ha establecido.
También invalida el argumento que se esgrime contra los trabajadores y muestra el verdadero propósito de estos intentos detrás de las bambalinas legislativas, de despojar a la gente de protecciones.
En conclusión, son los medios los que intervienen para «desfacer entuertos», para descrubrir injusticias. No siempre. Pero cuando sucede, mejor alabarnos. Publicaciones como el New York Times, Boston Globe, Kansas City Star, South Florida Sun Sentinel, St. Louis Post-Dispatch, San Francisco Chronicle y el Mercury News publicaron editoriales que se oponen a otorgar a los negocios inmunidad contra sus propios trabajadores.
No se podrá avanzar en corregir estas deformaciones sociales con una denuncia, o con muchas, sin elementos organizativos que puedan conducir a la gente a un prolongado esfuerzo. Pero por algo se empieza. Porque esos que buscan tener impunidad por sus irresponsabilidades no pueden impedir que se les muestre en la cara la verdad.
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