Memoria: En busca de una reparación histórica por la Masacre de Tulsa
La Corte Suprema de Oklahoma aceptó considerar el caso de tres sobrevivientes
Lessie Benningfield Randle, una afroamericana que va a cumplir 109 años en dos meses, tiene recuerdos horrorosos de esa noche del 31 de mayo de 1921 que quedaría inscripta en las páginas más deplorables de la historia racial de Estados Unidos, junto a muchas otras, como la Masacre de Tulsa.
Un siglo más tarde y a pesar de tropiezos legales iniciales, la Corte Suprema de Justicia de Oklahoma ha aceptado considerar el caso que, entre otras cosas, demanda reparaciones para sobrevivientes como Randle. Reparaciones que serían un primer paso en reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre que algunos han caracterizado como la peor violación de los derechos civiles de la comunidad negra de los Estados Unidos.
La masacre
La desgarradora historia de Lessie Benningfield Randle, que tenía tan solo 6 años cuando la masacre tuvo lugar, es un testimonio incuestionable del horror que se vivió esa noche de la primavera de 1921, en Tulsa, Oklahoma. Más específicamente, en el Distrito de Greenwood, que era conocido como el «Black Wall Street» por la prosperidad de sus habitantes de raza negra.
La masacre comenzó el fin de semana del Día de la Memoria, después de que Dick Rowland, un limpiabotas afroamericano de 19 años, fuera acusado de agredir a una operadora de elevadores blanca de 17 años. Rowland fue arrestado y llevado a un juzgado en donde comenzaron a concentrarse, amenazadoramente, grupos de blancos. Esto y el rumor de que el adolescente había sido linchado, alarmó a la población afroamericana y motivó a que algunos se dirigieran al juzgado en donde hubo una confrontación en la que murieron 12 personas.
Cuando la noticia de las muertes en el enfrentamiento que tuvo lugar frente al juzgado se propagó por Tulsa, manifestantes de raza blanca atacaron Greenwood en la noche del 31 de mayo y la mañana del 1 de junio, matando a hombres y mujeres, quemando y saqueando tiendas y hogares.
Cuando retornó la calma, el Distrito de Greenwood, que abarcaba unas 35 manzanas con familias y negocios afroamericanos, estaba literalmente reducido a cenizas. Si bien los reportes oficiales hablaron de solo 36 muertos, en su mayoría afroamericanos, análisis más serios sugieren alrededor de 300. Más de 10,000 personas perdieron sus hogares y se estima que hubo daños a la propiedad de más de $2 millones de dólares, o lo equivalente a unos $34 millones actuales.
Las cicatrices que perduran
La Masacre de Tulsa dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad y, tal vez más importante, en la conciencia de la nación. El distrito que alguna vez había florecido económica y socialmente y que se había convertido en un orgullo y en un modelo de la comunidad afroamericana, era ahora un paisaje desolado, una interminable sucesión de ruinas que dejarían secuelas traumáticas para siempre.
Lessie Benningfield Randle, cariñosamente conocida como «Madre Randle», es una de las tres testigos que sobrevivió la masacre y que aún están con vida. Una masacre que cambió para siempre su vida. Según declaró en su deposición del 14 de octubre de 2020, entre muchas otras cosas, Madre Randle todavía experimenta flashbacks de cuerpos negros amontonados en las calles, mientras su vecindario arde en llamas. Un escenario que la hace revivir constantemente el terror de esa noche del 31 de mayo.
Randle y los otros sobrevivientes, Viola Fletcher (108) y Hughes Van Ellis (101), buscan que el Estado y otras entidades asuman las responsabilidades correspondientes por la destrucción de Greenwood. Su lucha por ese reconocimiento, las ha llevado al terreno judicial en donde confrontan la difícil tarea de exigir reparaciones de nada menos que aquellos que contribuyeron a tanta devastación.
Las cortes judiciales
El caso inicialmente experimentó un revés en junio cuando una jueza del condado, Caroline Wall, lo desestimó. Sin embargo, la inquebrantable determinación de los tres sobrevivientes que buscan que se haga justicia, condujo a una apelación. Y para sorpresa de muchos, la Corte Suprema de Justicia de Oklahoma aceptó tomar el caso a fin de determinar si la decisión de la jueza Wall fue apropiada.
Los abogados de Randle, Fletcher y Ellis quieren que el caso sea devuelto a la corte distrital para un examen más exhaustivo de los hechos. También quieren que se tenga en cuenta las repercusiones posteriores en la vida de los sobrevivientes y la comunidad.
En respuesta a la apelación, el Estado ha dado a entender que no está dispuesto a negociar ningún tipo de acuerdo con los sobrevivientes. Es más, sostiene que la demanda carece de una base clara que justifique las reparaciones solicitadas.
El fiscal Kevin McClure piensa que las acusaciones de los sobrevivientes se basan en relatos históricos contradictorios de hace más de un siglo. Además, está convencido de que no hay evidencia de que el Departamento Militar de Oklahoma, que estaba a cargo de las fuerzas de seguridad intervinientes en 1921, haya sido responsable de lo acontecido, como alega la demanda.
Damario Solomon-Simmons, el abogado que representa a Randle, recuerda la edad avanzada de los sobrevivientes y hace énfasis en la urgencia de obtener justicia restaurativa lo más pronto posible. Además recuerda cómo los sobrevivientes continúan día a día conviviendo con las secuelas del horror.
Mientras Lessie Benningfield Randle y sus compañeros esperan ansiosos el veredicto del tribunal, la memoria de la Masacre de Tulsa resuena más allá de la sala judicial. Resuena porque toca un nervio crítico del cuerpo de una nación que, a pesar de una Guerra Civil, los esfuerzos de la Reconstrucción y la lucha del Movimiento de Derechos Civiles, todavía no ha podido exorcizar la monstruosidad de la esclavitud y la segregación racial.
Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.
This article is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.
