La decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez de retirar de las salas cinematográficas de México el documental “Presunto culpable”, no pudo haber sido más desafortunada para el sistema de “justicia” que la magistrada representa y pretende defender.
En los 17 días que se mantuvo en cartelera, el documental fue visto por casi 907.000 personas. Y una vez que fue retirado, bajo el cuestionable argumento de que uno de los testigos que aparece en la obra dice que está en riesgo su vida, el interés por ver el documental creció de manera exponencial, por lo que ya se perfila como el más visto este año. Con su decisión de retirar el filme, que después un tribunal colegiado revocó, la juez Lobo sólo confirma la podredumbre que invade el sistema de justicia mexicano en todos los niveles. Como lo exhibe “Presunto culpable”, la corrupción, las anomalías y la perversidad de los encargados de procurar justicia no son la excepción sino la norma.
El documental relata la historia de José Antonio Zúñiga, un joven condenado a 20 años de prisión por un homicidio que no cometió y que logra salir de la cárcel gracias al extraordinario trabajo de los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes logran probar su inocencia.
A Zúñiga se le sentenció pese a que todo indicaba que no era culpable: tenía varios testigos que habían declarado haberlo visto lejos de la zona del homicidio, el retrato hablado del acusado no se le parecía, la prueba de Harrison (para determinar si había disparado un arma de fuego) resultó negativa. El único testigo que lo señaló como culpable fue Víctor Daniel Reyes, un pandillero menor de edad.
Sin embargo, para Héctor Palomares Medina, el juez que lo sentenció, este testimonio fue suficiente para condenar a Zúñiga. Dos años más tarde, cuando el caso se sometió a revisión Palomares sostuvo la presunta culpabilidad de Zúñiga.
Ahora sabemos, gracias a la relevancia que ha cobrado el documental, que en la carrera de Palomares hay no una sino varias manchas. Hace ocho años este juez tenía que haber dictado libertad condicional a José Carmen Delgado Maya, acusado de delitos no graves, pero no lo hizo. En lugar de ello dictó resoluciones contradictorias e invadió casos del orden federal.
El año pasado Palomares libró una orden de aprehensión contra los miembros de una pandilla denunciados por una cadena de restaurantes y contra los que había suficientes testimonios que probaban su culpabilidad. El filme también revela que el juez no está presente en el 71% de sus audiencias y que por ello en 2002 pidió que se le relevara de esa obligación, petición que le fue negada por la ministra Olga Sánchez Cordero.
Palomares está convertido hoy no sólo en el antihéroe de “Presunto culpable” sino en el prototipo de una clase que parece abundar en México: la de aquellos jueces que basan sus dictámenes en la obtención de ciertas prebendas o en testimonios falsos y a quienes no les importa condenar a inocentes y dejar libres a los verdaderos delincuentes. Esa es, por desgracia, la realidad del México de hoy.
María Luisa Arredondo es directora ejecutiva de Latinocalifornia.com
¿Cuáles son los mecanismos que permiten alejar a un juez de un caso que atiende? Especialmente, cuando se trata de la libertad de expresarse… en contra de otros miembros del poder judicial, como Palomares, ¿quién defiende, quiero decir, en la ley mexicana, a quienes expresan opiniones, del poderío de los jueces, que al fin y al cabo son una rama del gobierno?
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