Segundo juicio político a Donald Trump: ¿y ahora?
El segundo juicio político a Donald Trump que culmina en estos días en el Senado es una consecuencia de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos ocurrida el 6 de enero.
Como se recuerda, una turba violenta irrumpió en la sesión del Congreso. La sesión estaba afirmando los votos del colegio electoral que le dieron la victoria a Joe Biden. Iba a poner final a una campaña de meses por parte de Trump, en la que trataba de socavar los resultados electorales.
El artículo aprobado por la Cámara Baja y enviado al Senado acusa a Trump de:
“Poner en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazar la integridad del sistema democrático, interferir con la transición pacifica del poder y secuestrar a una rama igualitaria del gobierno”.
La participación de Trump en una concentración donde instruyó a los manifestantes a marchar hasta el Congreso fue lo que impulsó a los legisladores demócratas y a algunos republicanos en la Cámara Baja a acusarlo por segunda ocasión. El juicio político en el Senado está en este día en su cuarta jornada. El cuerpo legislativo nunca ha realizado un juicio político para un expresidente.
Los demócratas han utilizando un cumulo de emotivas evidencias, que incluyeron videos del asalto al Capitolio, mensajes y videos de los participantes en sus redes sociales, para intentar convencer a 67 senadores – que es el número que se necesita para hallar a Trump culpable – de que las palabras y acciones del expresidente incitaron el ataque al Capitolio por sus afirmaciones de que los demócratas le robaron las elecciones.
Algo que compromete mucho a Trump es el audio de la llamada telefónica en la que presiona al secretario de Estado de Georgia donde le pide “encontrar” los votos necesarios para revertir la victoria de Biden en ese estado.
Los asaltantes generaron mucha evidencia, con fotos y videos anteriores y posteriores al ataque en sus redes sociales. Esta evidencia ha sido utilizada por los fiscales.
Los acusadores en el juicio político han usado dos perspectivas para mostrar: el atacado (Congreso) y los atacantes (seguidores de Trump). Además agregaron un cumulo de declaraciones en las audiencias de presentaciones ante jueces por parte de las personas detenidas de participar en los hechos. Muchos de los sospechosos, dijeron los fiscales durante sus tres días de presentación, afirmaron que estaban cumpliendo las ordenes directas de Trump el 6 de enero.
El argumento demócrata inició a partir de la conferencia de Trump al frente de la Casa Blanca horas antes del ataque, en la que les dijo a sus partidarios “luchen como el infierno” para recuperar su país (fight like hell) y vayan al Capitolio y “paren el robo” (stop the steal).
Otro argumento en contra de Trump fue que se abstuvo de enviar a la Guardia Nacional para controlar la situación. En ese momento, la turba de aproximadamente 8,000 manifestantes había superado a los 1,800 policías resguardando el Capitolio. Fue el ex vicepresidente Mike Pence quien tomo la decisión horas después de enviar a la Guardia Nacional. Así pudo proteger a los congresistas y al personal administrativo que trabaja en el Congreso.
En el ataque violento, lamentablemente murieron cinco personas, incluyendo el oficial de la policía de Washington DC Brian Sicknick. Cuando intentaba detener a la turba fue golpeado con un extinguidor de fuego varias veces en la cabeza. Otros 100 policías resultaron heridos durante los incidentes.
Los congresistas y senadores republicanos han argumentado que un expresidente no puede ser acusado como ciudadano privado. Así, tratan de evitar emitir un juicio de valor sobre la conducta de Trump.
Este argumento es compartido por algunos – pocos – expertos legales conservadores. Estos opinan que la disposición en la Constitución que permite al Senado prohibir a un Presidente postularse para un cargo nuevamente desafía la lógica legal demócrata. La razón: el expresidente ha sido impedido de continuar en el cargo por los electores al no ser reelecto para un segundo periodo. En consecuencia , el juicio político no tiene sentido lógico o legal.
Los demócratas han hecho énfasis en que el primer y segundo juicio político son muy diferentes. El primero fue el resultado de una llamada telefónica con el líder de Ucrania pidiéndole intervenir indirectamente en las elecciones. El segundo es el resultado de los mortíferos disturbios del 6 de enero. Fue un ataque directo a la institución más representativa de la democracia, el Congreso de la Unión.
El artículo de juicio que considera el Senado cita la enmienda 14 de la Constitución. Esta prohíbe a cualquiera que haya participado en actos de insurrección o rebelión en contra del país ejercer un cargo público.
El objetivo final de los demócratas es impedirle a Trump presentarse como candidato a la presidencia, al Senado o a una gobernación en el futuro. Incluso si el juicio no resulta en un voto de culpabilidad, los demócratas esperan que los argumentos orales de los acusadores y el testimonio de posibles testigos le proporcionen al público un registro detallado de lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero.
Al parecer, los emotivos testimonios de los congresistas que actuaron como fiscales han hecho precisamente eso, aunque no haya aumentado lo suficiente la probabilidad de que suficientes senadores republicanos voten en contra de Trump.
Ambos partidos llegaron a un acuerdo para que se realice un juicio rápido. Los demócratas no quieren un proceso largo que desvíe la atención de las confirmaciones en el Senado de los nominados al gabinete ejecutivo del Presidente Joe Biden o de la agenda de los primeros 100 días de su gobierno. Por su parte, los republicanos no están interesados en un show mediático de semanas donde salgan a relucir todas las transgresiones de Trump.
Los demócratas no han llamado a testigos durante el juicio, ya que no querían extender el juicio más de una semana como ocurrió en el juicio anterior. Especialmente, porque los congresistas que actuaran como fiscales acusadores y los senadores que son los jurados del juicio fueron testigos presenciales de los hechos. Sin embargo, existe todavía la posibilidad que a último momento algún miembro de la Cámara de Representantes o algún senador quiera testificar voluntariamente. Incluso ahora, cuando es el turno de la defensa de presentar sus alegatos.
En la votación sobre los artículos de la acusación en la Cámara Baja donde los demócratas tienen mayoría, solamente 11 representantes republicanos se unieron a los demócratas para enviar los artículos de juicio al Senado donde hay un empate técnico 50-50 y el voto de desempate es el de la vicepresidenta Kamala Harris. Como ya se ve, es completamente improbable que 17 senadores republicanos se unan a los demócratas para condenar a Trump.
¿Por qué?
Los republicanos conservadores están más interesados en preservar sus puestos que en fortalecer las instituciones democráticas de su país.
El expresidente todavía tiene una base importante de seguidores en el partido Republicano. Como está demostrado, parte de esta base es la más extrema y radical. Hay allí elementos de los grupos supremacistas blancos y creyentes de las teorías de la conspiración, mezclados con aspectos bíblicos religiosos.
Los republicanos temen que Trump impulse en dos años a miembros del partido más leales como candidatos en las primarias republicanas a la Cámara Baja y el Senado y que ellos sean desplazados de sus puestos.
Aun está por verse que piensa hacer Trump políticamente al futuro.
Sabe que lo más probable es que tenga que enfrentar varios juicios por asuntos relacionados a sus negocios, declaraciones de impuestos, tráfico de influencias, etc.
Sabe que no debe derrochar su capital político. Es muy posible que quiera continuar influyendo al partido Republicano o quizás decida montar tienda separada y fundar un partido «patriótico» y nacionalista.
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