Trump busca desnaturalizar ciudadanos disidentes como si fuesen criminales
El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía de un tal Elliott Duke. En su país natal, Inglaterra, fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil por internet en 2011. Durante el proceso de naturalización, mintió, o bien no reveló esta información. El día 20, el gobierno festejó el dictamen.
A primera vista, se hizo justicia.
Pero un vistazo a un memorando del Departamento de Justicia enviado a sus subalternos en todo el país dos días antes lo explica mejor.
A partir de ahora, los funcionarios de la División Civil de este ministerio se dedicarán a buscar a aquellos ciudadanos que cometieron ciertos crímenes para proceder a anular su ciudadanía y deportarlos.
En este nuevo esfuerzo, Elliot Duke es el anzuelo. La excusa.
Porque si bien la nueva orden incluye a quienes cometieron crímenes nefastos como el de Duke, quien está en la mira es cualquiera de los 25 millones de inmigrantes que son hoy ciudadanos, el 7% de la población del país.
Casi la mitad de ellos, según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) juraron defender la Constitución y leyes de Estados Unidos después de 2010.
Sin mucho alarde, el gobierno de Donald Trump pone a todos ellos en su red. ¿Cómo? Con un lenguaje intencionalmente vago y abstracto, incluye en la lista de candidatos a desnaturalización a quienes «la adquirieron ilegalmente» o por «ocultamiento de un hecho material o por tergiversación intencional».
Así, los fiscales del gobierno tienen ahora la autoridad de someter a la desnaturalización a quienes “mintieron en sus formularios de inmigración”, o en “cuando hay fraude financiero o médico contra Estados Unidos o contra particulares”. Específicamente, incluye fraude cometido en relación a Medicaid (MediCal) o Medicare.
Pero además, el memorando dice: «estas categorías no limitan… buscar ningún caso particular», incluyendo «cualquier otro caso referido a la División Civil que esta determine que es lo suficientemente importante como para proceder».
De un plumazo, el gobierno declara que puede desnaturalizar a quien le plazca.
Una situación similar existió durante la era del macartismo, entre 1950 y 1954, cuando el gobierno despojó de la ciudadanía a decenas de miles a quienes acusaba vagamente de supuesta infiltración comunista y actividades subversivas.
En 1967 la Suprema Corte de justicia dio fin a la práctica cuando en el caso Afroyim v. Rusk dictaminó que la desnaturalización es «inconsistente con la forma estadounidense de democracia, porque crea dos niveles de ciudadanía».
No solo eso: la directiva también ordena utilizar procedimientos civiles y no penales. En esos marcos los acusados no tienen derecho a un abogado como en casos penales, si no tienen dinero para contratar uno.
Según críticos, privar a los estadounidenses de su ciudadanía a través de litigios civiles viola el debido proceso e infringe los derechos garantizados por la Enmienda 14 de la Constitución.
Y la privación de la ciudadanía podría extenderse también a los hijos aquí nacidos de los implicados, quienes perderían en consecuencia su propia ciudadanía estadounidense sin haber hecho nada malo.
Este memorando es un nuevo frente en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes, mientras pululan las violentas redadas migratorias en todo el país en las que caen miles de indocumentados. Además, goza su reciente victoria judicial en su intento de dar fin a la ciudadanía por nacimiento en el país y continúa la suspensión de permisos para solicitantes de refugio y asilo.
La administración Trump está creando una categoría de ciudadanos de segunda clase, cuyos miembros, por no haber nacido en el país, todavía están en riesgo de perder su naturalización.
