Argentina y la emisión de Derechos Especiales de Giro

En los siguientes días, Argentina tendrá acceso a 4,335 millones de dólares que son parte de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) que, por un total de 650,000 millones de dólares, hace el Fondo Monetario Internacional (FMI). La finalidad es dotar de liquidez a los gobiernos y sus instituciones. Ello, como medio para apalancar los mecanismos de producción, de inversión, de generación de empleo, de generación de bienes y servicios, en la economía real.

La mayor parte de esos recursos van a los países más desarrollados, pero una parte se destinará a naciones emergentes, a países en desarrollo. En América Latina y el Caribe, los recipiendarios de esos DEG serían, en lo fundamental, aunque no excluyentemente, las economías grandes y medianas, es decir, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile. Países que son responsables casi del 90% del total de producción regional. Son las naciones que tienen mayor población.

En un primer momento, plantear ésta temática pareciera ser aburrido y complicado. Hasta cierto punto, eso es así. No se trata de un tópico muy atractivo, pero como todo lo económico, se interrelaciona con lo social y lo político. Es algo muy importante que repercute de manera significativa nuestras condiciones de vida. Negarse a conocerlo puede tener graves repercusiones, en particular para comprensión de grandes sectores poblacionales y, por tanto, como elemento clave de ejercicios de democracia. De esta temática, en Argentina, se pueden tener enriquecedores aprendizajes.

En particular, es un tópico indispensable no sólo para el referido país austral, sino también para otros países necesitados de financiamiento como parte de las respuestas a la grave crisis derivada de la pandemia, aún no superada, del Covid-19. Prácticamente todas las sociedades están viendo cómo pueden rescatar algunos muebles luego de esta inundación que ha surgido. Durante 2020 y en lo que va de 2021, se tiene un choque simultáneo en dos frentes complementarios: impacto negativo en los circuitos de la oferta y de la demanda.

Se podrán beneficiar con esos recursos, en menor cuantía, las pequeñas economías del caribe aglutinadas en el tratado de integración de CARICOM y los países mesoamericanos agrupados en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Estos países dado el menor tamaño relativo de sus mercados por lo general tienen que abrir sus economías con el fin de lograr mayores tasas de crecimiento para su desarrollo económico y social.

Existen tres grandes programas que, en el caso argentino o más en general para Latinoamérica, deben ser prioritarios: (i) la inmediata ayuda o asistencia humanitaria de emergencia; (ii) fondos que reactiven procesos de producción que tienen un impacto estratégico, esto es un gran efecto multiplicador en el empleo; y (iii) fortalecimiento de la infraestructura física en el país. Lo que se buscaría es fortalecer una competitividad sostenible en la que es la tercera economía más importante de Latinoamérica.

La ayuda humanitaria de emergencia debe centrarse en la atención a amplios conglomerados sociales ahora empobrecidos. Se estima que en Argentina luego del impacto de la pandemia, se tiene no menos de un 45% de la población viviendo en condiciones de pobreza, y que un 18% de las personas subsiste en los sinuosos laberintos de la indigencia.

Esta atención de emergencia debería tener resultados inmediatos, viabilizados por mecanismos que superen las politiqueras tranzas de los políticos tradicionales, por lo general mercaderes de influencias, disfrutando de la vigencia del efímero pero importante poder coyuntural en la toma de decisiones. Esta politiquería de la viveza no debe interferir. Aunque se trata de una práctica bastante generalizada. Véanse las vivencias en los congresos de la región y en Washington. Para ello, hay grupos de diferentes pelambres y matices.

Los sectores que, por lo general, como parte de la economía real tienen mayor impacto o efecto multiplicador en el empleo son: (i) infraestructura urbana; (ii) infraestructura rural, incluyendo medidas de conservación y recuperación de recursos naturales renovables; (iii) construcción; (iv) turismo; (v) agricultura; (vi) manufacturas e industria. Para ello, la presencia y efectiva participación de instituciones incluyentes es algo muy importante.

La competitividad del país se encauzaría, mediante la utilización de estos recursos, en la promoción de un crecimiento y desarrollo que fueran incluyentes. En la consecución de aumentos sostenibles de producción. No se trata de que, prisioneros en los entresijos de nuestros prejuicios no seamos capaces de implementar efectivos programas de desarrollo.

Disponer de mayores fondos de los gobiernos es algo muy útil en la medida que los mismos son medios para fortalecer la producción de bienes y servicios. Ello puede permitir que se active la correa de transmisión entre crecimiento económico y desarrollo humano integral. Si esos fondos sólo presionan la demanda pueden traducirse en fuerzas inflacionarias que nadie desea. Pero también pueden servir para robustecer los circuitos de los derivados financieros, de inversiones en la economía financiarista o bancaria.

Es de estar alerta, el manejo de estos recursos puede ser víctima de operativos procesos que obedecen a posiciones de sectas de variada curtiembre. De ninguna manera se trata de utilizarlos como comprador compulsivo en quincena. Lo importante es que sean efectivos medios de promoción de emprendimientos, innovación, oportunidades de empleo, medios para fortalecimiento de la efectiva presencia institucional.

De lo contrario, de no utilizarse correctamente, estos recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembocarán en lesivos resultados. Con ello darían la razón al contenido premonitorio de un grafiti en una calle de Buenos Aires: “Con el fondo, volvemos al fondo”.