Atando cabos: Haití, olvidado y turbulento, por Giovanni Reyes

No sólo es tragedia el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse (1968-2021) en su propia casa, al filo de la 1:15 de la madrugada del miércoles 7 de julio. Es también una tragedia el hecho de que Haití logre saltar a las portadas de los principales diarios solo debido a este magnicidio.

Mientras, la crisis económica, humanitaria, de hambre en el país más pobre del hemisferio occidental -la que se ha instalado estructuralmente entre los haitianos- nos mantiene indiferentes.

Somos ignorantes muchas veces de las lacerantes condiciones de vida que padece la población de Haití. Es reiterativo. Con mucho, el eco internacional de las noticias se fundamenta en la importancia económica del país, de los recursos que tenga -caso, entre muchos otros, de la Venezuela de Chávez y Maduro- o bien por la posición estratégica que le sea propia -caso de Siria, Irán o Iraq- o bien de repercusiones, en función de la seguridad subregional -caso de Cachemira, Burundi, Ruanda o Afganistán.

Pero Haití no tiene ninguno de esos atributos.

De malas. Se queda en el olvido.

Ahora, como era de esperarse, la epidemia del Covid-19 se han ensañado con la débil condición institucional, de salubridad y económica de este país de casi 28,000 kilómetros cuadrados y 12 millones de habitantes. Más del 70% subsiste en pobreza total, incluyendo los que se encuentran en pobreza no extrema e indigencia.

La situación haitiana, no obstante, es compleja. Es necesario ir más allá de los titulares y contenidos de las notas rojas, tan llamativas como efímeras en este mundo acelerado, donde los escándalos de un día son cubiertos por las novedosas frustraciones de mañana.

Por supuesto que es condenable el asesinato de Moïse y la condición de gravedad que al momento de escribir esta nota tiene su esposa. Se trata de una consideración mínima y humana. Pero a partir de los acontecimientos de la fatídica madrugada, surgen elementos poco entendibles aun para una lógica elementalmente fundamentada. Consideraciones muy obscuras.

¿Cómo pudo entrar a la residencia del presidente un comando sin que las fuerzas de seguridad hicieran algo? Si eso ocurre con el presidente ¿qué seguridad se puede esperar para los ciudadanos comunes?

Luego del asesinato, un escueto comunicado oficial. El Primer Ministro Claude Joseph, en las siguientes 24 horas de la tragedia brinda dos conferencias de prensa. Por demás breves, con lectura de documentos, casi sin responder preguntas, en idioma creole. Reitera los contenidos del comunicado inicial. Se autodesigna presidente interino. Decreta el estado de sitio y la ley marcial.

Como parte del contexto es importante tener presente que Moïse llegó a la presidencia de Haití mediante el apoyo de la agrupación política Parti Haïtien Tét Kale (PHTK). Se trata de una organización fuertemente derechista que ha tenido el respaldo de grupos de tradicional poder en Haití y que -dado el clima por demás convulso de la política del país- es de reciente fundación, del 16 de agosto de 2012.

Analistas locales interpretan que uno de los rasgos esenciales del PHTK es contar con la herencia política de agrupaciones que en su momento apoyaron la dictadura de los Duvalier. Tanto François Duvalier padre (1907-1971) quien fue presidente del país de 1957 a 1971 -Papá Doc- como el mandato de su hijo, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc (1951-2014) quien gobernó de 1971 a 1986.

Quien se asume fue el “padrino político” de Moïse -quien ejerció la presidencia de su país desde el 7 de febrero de 2017- fue el expresidente Michel Martelly, quien ocupó el poder político desde Puerto Príncipe, de 2011 a 2016. El ahora presidente asesinado, impulsó con mucho entusiasmo políticas que promovían el crecimiento económico en función de los oligopolios y monopolios haitianos, reduciendo el tamaño del ya empequeñecido Estado.

Un punto de inflexión importante ocurrió a mediados de 2018. Con base en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la Administración Moïse eliminó el subsidio a los combustibles. El viernes 29 de junio de 2018, los ministerios haitianos de Economía, Finanzas, Comercio e Industria anunciaron un aumento del 38% en el precio de la gasolina, 47% en el diesel y 51% en el queroseno. Estas medidas entrarían a funcionar a partir de la medianoche del sábado 7 de julio de aquel año.

Las repercusiones fueron indiscutibles. Un alza en el precio de los combustibles tiende a reducir el poder adquisitivo de los hogares al impactar a la baja los ingresos personales disponibles. Además, este tipo de alza en los precios tiene un notable efecto multiplicador. Es decir, repercute en el precio de muchos bienes y servicios; el denominado “efecto cascada”.

La respuesta de la población no se hizo esperar. Sobrevinieron grandes movilizaciones de protesta. Se instalaron numerosas barricadas en las calles de Puerto Príncipe, paralizándose así la actividad económica de la capital y del país.

Se impuso un clima de desmanes, vandalismo y detenciones generalizadas. Este ambiente de inseguridad, aunque no ha sido el único factor, ha favorecido la conformación de grupos paramilitares. Se estima que en la actualidad habría unos 77 de ellos. A medida que la actual epidemia ha golpeado, empobreciendo aún más a amplios sectores poblacionales, el fortalecimiento de los grupos armados se ha hecho evidente.

De nuevo, Haití es un país a la deriva. Es obvio que las actuales condiciones no comenzaron con el censurable asesinato del presidente Moïse, pero este hecho ha agudizado las tensiones. El actual primer ministro no cuenta con un Congreso funcional. El último dejó de estar en funciones desde febrero del año pasado. Fortaleciendo el vacío de poder, recientemente, el presidente del Organismo Judicial murió víctima del Covid-19.

Las fuerzas armadas haitianas, nuevamente, toman el control del país, mientras la población ve cómo sus condiciones de vida empeoran en medio de carestías. Persiste un generalizado clima de inseguridad. En lo inmediato, debe estar fuera de toda duda, como parte de un programa más integral, urge un plan internacional de contingencia, un inaplazable programa de ayuda humanitaria para esta castigada nación del Caribe.

Giovanni E. Reyes Ortiz es Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard.