Niños indocumentados reciben protección en Nuevo México

Una nueva ley estatal establece una clasificación especial para los niños que hayan sido abusados, maltratados o abandonados

En un país polarizado por la aparentemente insoluble cuestión de la inmigración, el estado de Nuevo México acaba de aprobar legislación que aumenta las protecciones para los niños indocumentados.

Cuando se trata de niños todos se golpean el pecho, hablan emocionadamente y aseguran que son lo más preciado de la sociedad. Esa es una frase que se repite hasta el cansancio y con la que están de acuerdo conservadores y liberales. ¿Pero qué pasa más allá de la retórica cuando se trata de niños indocumentados?

Hay estados como Texas y Florida en los que la simple palabra “indocumentado” enfurece a sectores xenofóbicos. Supremacistas raciales, conservadores, ultranacionalistas, fundamentalistas, le apuntan el dedo a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que hay en el país y les echan la culpa de todos los males del mundo.

Que las escuelas, esto. Que las salas de emergencia, aquello. Que estamos invadidos, que la pirámide demográfica, que la cultura anglosajona… ¿Y los niños? Pues cuando se trata de inmigrantes indocumentados, no hay piedad para nadie. Ni para los niños. Si hay que separarlos de sus familias, pues, adelante. Si hay que meterlos en jaulas, pues, adelante.

La ley HR15

Contrastando con esta falta de valores cristianos, con este trato cruel, el estado de Nuevo México acaba de pasar la ley HR15 que facilitará el proceso para que estos niños y jóvenes indocumentados puedan permanecer en el país. La pieza legislativa establece una clasificación especial para los niños que hayan sido abusados, maltratados o abandonados.

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Pero a no equivocarnos. Esto es posible porque Nuevo México tiene una legislatura controlada por demócratas y una gobernadora demócrata, Michelle Lujan Grisham. Esto no ocurre en los estados rojos (el color del infierno, dirían algunos) en donde rige el control del partido republicano en legislaturas y gobernaciones.

Nuevo México, como California, es un estado progresista en donde en vez de hablar de invasión cultural, hablan de cómo ayudar a resolver una situación compleja en la que miles buscan llegar a Estados Unidos donde sueñan con una vida mejor, lejos de la miseria económica, la represión política, los desastres naturales que aquejan, entre otros, a países de América Latina y el Caribe.

“Este proyecto de ley que se convierte en ley significa que los niños que vienen a nuestro estado no pueden ser obligados a regresar al peligro”, dijo la legisladora estatal Andrea Romero (D-Santa Fe), quien fue la patrocinadora del proyecto de ley. “Estamos comprometidos a hacer de Nuevo México un lugar seguro para que los niños crezcan, sin importar de donde vienen”.

200,000 indocumentados

Se estima que alrededor de 200,000 personas que residen en Nuevo México son nacidas en el exterior. O sea, un 10% de la población. De acuerdo a un artículo del Immigration Policy Center, New Americans in New Mexico (enero 2021), aproximadamente 4 de cada diez son inmigrantes indocumentados.

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Estadísticas del American Community Survey, del U.S. Census, indican que 40% de los niños de familias con padres que han nacido en el exterior, viven por debajo de la línea de pobreza. Pero casi el 80% hablan bien el inglés.

El proyecto de ley aprobado por la legislatura refleja las regulaciones federales existentes, pero con algunas diferencias claves. Según el informe del Comité Legislativo de Finanzas de la legislatura estatal, se extiende la designación no solo a menores abusados, descuidados o abandonados, sino también a aquellos que temen regresar a su país de origen.

Sin duda una protección adicional para los niños y la comunidad indocumentada que ya en Nuevo México se ha visto beneficiada por otras medidas como licencias de conducir para inmigrantes indocumentados y que los jóvenes que terminan la escuela preparatoria puedan continuar sus estudios en instituciones post-secundarias estatales pagando tarifas estudiantiles equivalentes a la de los residentes locales.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.

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