Raíces históricas de los delitos de odio: realmente somos un país único
En mayo, un adolescente de 18 años manejó 400 millas entró a un supermercado en Buffalo, estado de Nueva York y abrió fuego, matando a diez e hiriendo de gravedad a tres, todos ellos afroamericanos. Anteriormente publicó un «manifiesto» donde detallaba cómo veía a los negros y los judíos como usurpadores que quieren «reemplazar» a los estadounidenses blancos. Es una teoría ficticia esgrimida por los supremacistas blancos y sus adalides en posiciones políticas y los medios de comunicación.
Múltiples delitos de odio
A esta matanza le sucedió otra y otra. Los llamamos delitos de odio, aunque el término no termina de describir esas monstruosidades. Y a juzgar por la mitad del país, los delitos de odio son algo supuestamente incomprensible, inevitable, que existe en el aire, que sucedería en cualquier parte y en cualquier condición y que, vamos, no lo tomen así. Pero eso es falso.
Vivimos en un país violento. Estados Unidos es la capital mundial de las matanzas múltiples (mass shooting). ¿Por qué? Es más que fácil acceso a las armas, más que enfermedades mentales. Para entenderlo, tenemos que buscarlo en nuestra no tan larga historia.
Estados Unidos no fue el último país en abolir la esclavitud. Pero casi. Le siguieron dos: Cuba, entonces en poder de España, en 1886, y en 1888 Brasil, donde había más de ocho millones de esclavos, y lo hizo porque Inglaterra había prohibido el comercio transatlántico de esclavos.
Sucedió hace muy poco, solo 154 años.
La emancipación estadounidense requirió una guerra civil increíblemente cruenta, en la que 620,000 hombres perdieron la vida, el 2% de la población y equivalente hoy a más de seis millones.
Sus consecuencias persisten hoy en la economía, la cultura y las posiciones políticas.
La esclavitud fue reemplazada por un régimen de segregación y una serie de leyes represivas llamadas “Jim Crow”. El movimiento por los derechos civiles, de 1948 a 1965, continuó la labor de los abolicionistas.
Una labor que todavía es necesaria.
Todo logro fue consecuencia de una lucha contra el racismo, el odio, la violencia y la maldad institucionalizados. Quienes habían justificado la esclavitud siguieron desarrollando una ideología a partir de su humillación por la derrota contra el Norte, la pérdida de la mano de obra gratuita. Para justificar su atraso económico crónico, debido a que por haber tenido millones de esclavos disponibles se quedaron en la agricultura y no desarrollaron ni industria ni grandes ciudades en el Sur.
La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos dio frutos importantes en leyes federales y dictámenes de la Corte Suprema.
Así, el presidente Truman ordenó el fin de la segregación en las Fuerzas Armadas en 1948; en 1954 la Corte Suprema la prohibió en las escuelas públicas; en 1957 el presidente Eisenhower firmó la Ley de Derechos Civiles para proteger los derechos de los votantes. Recién en 1964, el presidente Johnson firmó la nueva ley de derechos civiles que intentó prevenir la discriminación laboral por motivos de raza, color, sexo, religión u origen nacional.
Finalmente, al año siguiente, Johnson firmó la Ley de derechos electorales de 1965 para evitar el uso de pruebas de alfabetización como requisito para votar. También permitió a observadores federales monitorear los lugares de votación.
Por su parte, la Corte Suprema emitió entre otros en 1954 su dictamen Brown contra la Junta de Educación de Topeka, determinando que «La segregación [en la educación pública] es una negación de la igual protección de las leyes». Y en 1967, en Loving contra Virginia determinó que la prohibición del matrimonio interracial era inconstitucional. Dieciséis estados que todavía prohibían el matrimonio interracial en ese momento se vieron obligados a revisar sus leyes.
Fíjese que hasta ahora contamos solo los logros. Los fracasos fueron más. Y el costo en sufrimiento y vidas humanas, inenarrable. Los delitos de odio, por llamarlos así, han sido prevalentes, cotidianos.
Estos logros no son eternos. Al contrario. Son vulnerables. Quienes llevaron a una mayoría extremista en la Suprema Corte en las últimas cuatro décadas siguen atacando los derechos civiles, algo que el Alto Tribunal ya inició en 2003, cuando determinó que los estados sureños notoriamente antidemocráticos ya no necesitaban buscar autorización previa para los nuevos cambios de votación. Esos estados lo aprovecharon para volver a producir nuevas leyes discriminatorias, xenofóbicas y racistas. Precursoras de los delitos de odio.
A propósito: todo está relacionado. Esclavitud, racismo, economía, armas, intolerancia, violencia, cultura. Delitos de odio. En los once estados de la Confederación que se rebeló contra Estados Unidos, el Sur, había nueve millones de habitantes (contra 23 millones en el Norte, la Unión). De esos nueve, cuatro millones eran esclavos africanos. ¡Casi la mitad! Para reprimir cualquier intento de resistencia, la población sureña estaba armada hasta los dientes. No debería sorprender que interpreten la Segunda enmienda de la Constitución como que establece un derecho invididual de portar armas donde quiera. Esa es su experiencia.
Esa interpretación fue rechazada por generaciones de juristas, hasta 2008, cuando en el caso Columbia v. Heller la Corte Suprema la aceptó.
Portar armas a todas partes
Desde entonces, bajo la quimera del derecho a portar armas y a comprarlas como a uno le plazca, la producción de armas de fuego – y su venta – se triplicaron. Hay 400 millones para una población de 331 millones, pero están en mano de solo 45 millones. Y que se concentran en pocos estados: Montana, donde el 65% de la población posee al menos un arma; Wyoming con 60.7%, West Virginia 60%, Idaho 57.8% o Alaska 57.2%, según un mapa de la Rand Corporation y la Oficina del Censo.
A propósito, que son 45 millones los propietarios es un estimado, porque la ley federal prohibe contarlos. Tampoco existe una lista de armas registradas.
Los devotos de la posesión de armas justifican su colección de instrumentos de muerte como una contribución a su seguridad contra amenazas externas. Pero en realidad, los hogares con armas son menos seguros. Es allí donde son más altos los índices de muertes accidentales, suicidios y homicidios domésticos.
Una de esas armas, una AR-15 semiautomática -un fusil de guerra-, la compró legalmente al día siguiente de cumplir 18 años el asesino de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que mató a 19 niños y dos adultos.
Para aclarar: los asesinos en las matanzas múltiples son de todas las etnias. Para todos fue fácil munirse de armas letales, que utilizaron tal como lo vieron por televisión.
Ya hablamos de blancos y afroamericanos. Pero recordemos que otras minorías: latinos, chinos, japoneses y especialmente nativo americanos también sufrieron terrible discriminación. Los deportaron en masa aunque fuesen ciudadanos estadounidenses (latinos en 1930); crearon leyes prohibiendo expresamente su inmigración (chinos en 1902); los arrancaron de sus ciudades y pusieron en campos de detención aunque fuesen ciudadanos (japoneses de 1942 a 1945). Y los nativo americanos fueron despojados de sus tierras, confinados a reservas, despojados de su idioma y masacrados.
Hay una línea directa entre la violencia de aquel entonces y la actual. Hay una línea directa entre el atentado con bomba que incendió la iglesia negra en Birmingham, Alabama, en 1963, matando a cuatro niñas, y el ataque a tiros hace pocas semanas contra la congregación de la Iglesia Presbiteriana de Taiwán en Laguna Woods, California, que resultó en un muerto y diez heridos. Los delitos de odio hijos del racismo y supremacismo blanco, perduran. Prevalecen.
Este escrito es solo una introducción histórica concisa, para que entendamos que ser el único país donde suceden tiroteos masivos con esta frecuencia no es ni casualidad, ni una maldición , ni una serie de enfermos mentales, ni un complot conspirativo, sino el resultado de nuestra historia. Sí, somos únicos. Un país democrático con graves problemas, donde la democracia tambalea y podría caer.
Pero no es inevitable.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
