Con Amy Coney Barrett, nos siguen robando
Millones de mujeres miramos con incredulidad, indignación e impotencia un espectáculo sexista cuando los republicanos alabaron la cantidad de hijos de la candidata a la Corte Suprema Amy Coney Barrett
Con las audiencias de Amy Coney Barrett, nos preguntamos, ¿cuáles son las prioridades del Senado en medio de una pandemia? ¿Qué acciones tomaron esta semana los políticos, a quienes pagamos altos salarios para que nos representen y defiendan nuestros intereses, como respuesta a los más de 210,000 muertos y al alto índice de desempleo?
Su prioridad no fue aprobar un paquete de estímulo y ayuda económica para los millones de familias que enfrentan desempleo y desalojo y que no tienen acceso al cuidado médico, indispensable durante una pandemia. La prioridad de esta semana del Senado fue realizar audiencias para la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett.
Al cabo de escasos días de debates, y propiciando una rara sesión de fin de semana, la bancada republicana en el Comité de Justicia aprobó solapadamente y a hurtadillas la nominación de Barrett, pese a que los demócratas boicotearon la reunión.
Indigna que estos servidores públicos ignoren completamente las necesidades del pueblo y la crisis por la que atraviesa el país. Indigna que, a pesar de que millones de estadounidenses ya emitieron su voto, esta nominación y audiencias siquiera tengan lugar. Indigna que nos roben el derecho de poder elegir al juez o jueza cuyas decisiones impactarán no sólo nuestras vidas, sino la vida de nuestros hijos.
Indigna, pero no sorprende.
No es algo nuevo que los grupos de poder traten de influenciar a los políticos para que estos, a su vez, defiendan sus intereses especiales. Durante las audiencias de esta semana, el senador demócrata Sheldon Whitehouse reveló información sobre el dinero (dark money) que los grupos conservadores Federalist Society (Sociedad Federalista) y Judicial Crisis Network (Red de Crisis Judicial) han invertido para sentar jueces ultraconservadores en la Corte Suprema.
Nadie invierte millones de dólares sin pedir nada a cambio.
Esta semana, millones de mujeres miramos con incredulidad, indignación e impotencia un espectáculo sexista y lamentable, en el que los republicanos alabaron una y otra vez la fertilidad y cantidad de hijos de la candidata a la Corte Suprema, como si esto fuese uno de los mayores logros profesionales que puede alcanzar una mujer.
En un momento, el senador republicano John Kennedy llegó a preguntarle a la jueza, quién lavaba la ropa en su hogar. Dudo que alguna vez el senador le haya hecho la misma pregunta a un juez hombre.
La jueza Amy Coney Barrett pertenece a un grupo religioso que considera a los hombres como la “cabeza” de sus esposas y quienes toman las decisiones por ellas. Quizás por eso le pareció gracioso que le hagan tal pregunta durante una audiencia de confirmación para la Corte Suprema, e incluso la contestó.
Pero no solo indigna, también preocupa. Preocupa que políticos y grupos de poder no solo quieran defender sus intereses económicos, sino que también quieran imponernos sus valores personales y preferencias religiosas.
La jueza Amy Coney Barrett ha expresado en el pasado su oposición al aborto, su oposición a la Ley de Cuidado de Salud Asequible y se negó a compartir su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En una entrevista con “60 minutos”, años atrás, el presidente Donald Trump confirmó que sus nominados a la Corte Suprema serían todos “pro-vida” y tratarían de revocar “Roe vs. Wade”.
Cabe recordar que la etiqueta “pro-vida” no se refiere a tratar de ofrecer cuidado de salud a todos, ni a dejar libres a los niños migrantes en jaulas, ni a tratar de proteger a los millones de niños y adolescentes sin familias y sin hogar. “Pro-vida” se refiere solamente a controlar el cuerpo de las mujeres, decidir sus futuros, imponerles creencias religiosas y personales y proteger a los fetos. Una vez que los niños nacen, los funcionarios “pro-vida” consideran cumplida su misión y proceden a criticar y desmantelar cualquier tipo de programas y servicios sociales creados para ayudar a dichos niños y sus madres.
La confirmación de Barrett es un hecho. Los republicanos en el Senado tienen los votos para imponerla.
Una vez más, un puñado pequeño de hombres y mujeres complacientes, nos roba nuestros derechos, y se ensaña con volvernos cien años atrás.
Virginia Gaglianone is a bilingual reporter, writer and editor who has been working for La Opinion since 2006. Before La Opinion, Virginia worked as a reporter for The Wave, The Culver City Star and The Independent. She also worked as the editor for La Ola, a Spanish weekly publication. Before working for La Opinion, she collaborated with KPFK, 90.7 Pacifica Radio, and KCSN radio. Virginia earned a master’s degree in Humanities, and a bachelor’s degree in Journalism from California State University Northridge, where she graduated summa cum laude. She was one of the participating reporters in the USC Center for Health Journalism Reporting Collaborative project on California’s uninsured.
