lunes, noviembre 23, 2020
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    Es oficial: Trump violó la ley

    Ya se puede afirmar sin lugar a duda que la Casa Blanca violó la ley en la cuestión del presidente Trump y la ayuda militar a Ucrania.

    Uno de los tantos argumentos de los defensores del Mandatario, para restar importancia a su accionar, es que si bien Donald Trump hace las cosas a su manera, en realidad no hubo ningún delito cometido. Que al final Ucrania recibió la ayuda militar y el gobierno ucraniano nunca dijo públicamente que estaba investigando al demócrata Joe Biden como lo pedía Trump.

    La Oficina de Contraloría del Congreso (GAO) es la que afirma que no se respetó la ley. Al mismo tiempo, es la Casa Blanca la que de hecho actúa de manera culposa como si hubiera hecho algo malo a sabiendas, por esconderlo. Ese incumplimiento se produjo cuando la Casa Blanca demoró la entrega de la ayuda militar a Ucrania, aprobada por el Congreso,  mientras presionaba a su colega ucraniano a que manche el precandidato demócrata y rival político de Trump.

    [bctt tweet=”La defensa de Trump equivale a la de los delincuentes que iban camino a cometer un robo. Alguien los vio y los denunció anónimamente (Donald Trump)” username=”hispanicla”]

    El GAO dice en su reporte que la Oficina de Presupuesto y Administración (OMB) no cumplió con la Impoundment Control Act de 1971, que regula el proceso que debe seguir el Presidente en la distribución de fondos autorizados por las leyes del Congreso. El ICA está en el centro del balance de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Congreso tiene el poder del dinero. La Presidencia propone el presupuesto, el Congreso lo aprueba y la Administración cumple los designios legislativos.

    El ICA sirve para evitar que el Presidente actúe como el jefe ejecutivo de una empresa familiar que maneja a su gusto un dinero ya aprobado.

    Notificación al Congreso

    El reporte del GAO dice que la Oficina de Presupuesto debió notificar al Congreso el retraso en la ayuda militar que ya había sido aprobada por el Legislativo. El ICA da oportunidades para que el Ejecutivo pueda “posponer” por motivos de contingencias, si hay un ahorro o una ley específica. No está permitido hacerlo para combatir la corrupción en otro país, para esperar a que los europeos abran la billetera y mucho menos para chantajear a otro Presidente para que lo ayude en la reelección.

    El GAO argumenta numerosos precedentes legales para determinar que la ley no le autoriza al Presidente a sustituir sus prioridades por las del Congreso. Es más, en diciembre de 2018 el GAO emitió un reporte específicamente sobre el ICA y la retención de fondos por parte de la Presidencia. Allí se demuele legalmente punto por punto el argumento de la Oficina de Presupuesto que ve en la ley una flexibilidad a la hora de desembolsar fondos.

    El desagrado de la Casa Blanco con el GAO llevó a una orden en noviembre pasado para que las agencias federales ignoren por completo los reportes del organismo. Le critica que es un instrumento del Congreso y que hacerle caso es una violación al equilibrio de poderes. Todo lo contrario. El GAO le permite al Congreso hacer su función de fiscalización del Ejecutivo cuando exige información al gobierno federal.

    Un argumento débil

    La administración ya tenía en mente la debilidad legal del argumento cuando respondió a una solicitud de información del Center for Public Integrity. A través de la Ley de Libertad de Información le entregó en diciembre 300 páginas con comunicaciones entre OMB y el Pentágono sobre la ayuda militar a Ucrania. A la mayoría de las páginas se les editó el texto. Algunas de ellas eran solo bloques negros que tapaban palabras. Unas semanas más tarde el sitio Just Security halló el texto escondido.

    Los mensajes electrónicos revelaron como la Oficina de Presupuesto postergaba una y otra vez las fechas para liberar el dinero al Pentágono. A su vez, los militares estaban inquietos porque se terminaba el año presupuestal, decían que los retrasos no daban el tiempo para cumplir con la misión del dinero y que estaba enojado el contratista de defensa al que le compran las armas para enviarla a Ucrania. En los mensajes se menciona que el Presidente es quién decidió retener la ayuda cuando los asesores a cargo de Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional apoyaban por unanimidad su entrega.

    Ignoran la realidad

    Hay legisladores republicanos que le quitan importancia por ser un reporte más del cuerpo investigativo del Congreso de naturaleza apartidista, por creer que es precisamente partidista o que es algo menor o que la violación fue cometida por la Oficina de Presupuesto, ajena al Presidente. Es imposible desligar al Mandatario de los retrasos “de los abogados de OMB”, como se explicó alguna vez cuando se pospuso.

    El director de la Oficina de Presupuesto, Mick Mulvaney, quien también actúa como Jefe de Gabinete interino de Donald Trump. El llegó a la posición más cercana a la presidencia con la misión de “dejar que Trump sea Trump” en contraste con sus predecesores que intentaron sin éxito controlar la Mandatario de sus impulsos. Si cae alguna cabeza en la Casa Blanca será la de Mulvaney.

    La defensa de Trump equivale a la de los delincuentes que iban camino a cometer un robo. Alguien los vio y los denunció anónimamente. Uno de ellos dijo aca no pasa nada, está todo bien. Como prueba dio una conversación en donde también se habla del robo. Se descubre el complot, las pruebas y los testigos abundan en contra de los sospechosos. Finalmente dicen acá no hubo delito ni hubo víctima. Lo que no se dice es que en el trayecto al robo tuvieron que cometer otro delito, que lo escondieron cuando alguien pidió más información.

    Contexto legal

    El reporte del GAO le da un contexto legal a los mensajes ya conocidos. Son partes de un rompecabezas que muestra la figura de una Presidencia desatada. Una Casa Blanca que se cree todopoderosa para no respetar las leyes de regulan la separación de poderes. Que cree que puede usar el dinero aprobado para el Congreso para su conveniencia.

    Hay muchas posibilidades que la opinión del GAO pase sin pena y sin gloria en el juicio político que ya comenzó en el Senado. Esa es una mala señal del estado de nuestra democracia. Es de esperar que en algún momento alguien lleve ante los tribunales el caso para evitar que un Presidente, sea demócrata o republicano, quiera actuar como si fuese rey omnipotente.

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