Cuando la Junta de Supervisores del condado Imperial le pidió a principios de junio al gobernador de California Gavin Newsom mayor control local para lidiar con la pandemia del Coronavirus, organizadores comunitarios se mostraron indignados con la idea de abrir la economía sin tener en cuenta la alta tasa de contagios en sus vecindarios.
Muy pronto, 2000 firmas y 600 testimonios respaldaron la petición al gobernador de mantener la orden de quedarse en casa y una nueva organización tomaba vida: La Coalición de Justicia y Equidad del Valle Imperial.
“La elección entre la estabilidad económica y la salud pública es artificial”, dijo Luis Flores, activista de la novel coalición, quien habló en una conferencia de prensa vía Zoom organizada por Ethnic Media Services. “Con apoyo económico y una red de seguridad adecuada y accesible, ni los trabajadores ni los propietarios de pequeñas empresas tendrían que tomar esas decisiones”.
El condado Imperial tiene la tasa más alta de infección por COVID-19 en California (836 casos por cada 100,000 habitantes), seis veces mayor que el promedio estatal, y el número de contagios aumenta a diario. Las UCI (Unidades de Cuidado Intensivo) ya están al 98% de su capacidad. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud Pública local a la fecha 500 pacientes han tenido que ser trasladados a otros condados, los casos positivos ya superan los 8,000 y ya van 141 muertes.
“Aquí hay una versión muy dramática de la desigualdad”, continuó Flores. “Es una comunidad inmigrante (85% latina), de bajos recursos, bajos ingresos, los trabajadores son de color, tienen que usar transporte público y cruzan la frontera a diario… todo eso necesita evaluarse con diferentes métricas”.
Desde Imperial solo se necesitan 30 minutos para llegar hasta Mexicali, la capital de Baja California en México y los hospitales en ambos lados de la frontera no dan a basto. Aunque Imperial es uno de los condados menos poblados de California, la realidad del contagio aquí cuestiona la narrativa dominante: que el coronavirus se extiende debido a la densidad urbana y a las reuniones públicas masivas.
“Un millón y medio de récords del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) muestra que las tasas de contagio del COVID han bajado para todos los grupos excepto los latinos, y que la transmisión en suburbios y zonas rurales a veces sobrepasa las zonas urbanas altamente pobladas”, explicó Edward Flores, profesor asistente de Sociología en la Universidad de California en Merced.
Citando el informe “Amenaza oculta: Oleadas de COVID‐19 en California y estrés laboral”, realizado por el Centro Comunitario y Laboral de su Universidad, Flores expuso la relación directa entre las condiciones de trabajo y la expansión del COVID en un condado que se ha convertido en un microcosmos de las disparidades raciales y económicas.
El 35.8% de los hogares vive con un ingreso por debajo del salario mínimo y en familias multigeneracionales que se acomodan en espacios chicos susceptibles a la expansión del virus.
Los trabajadores esenciales no quieren perder un dia de trabajo porque se arriesgan a no tener qué comer o con qué pagar la renta, pero al mismo tiempo laboran en industrias que no pagan licencia remunerada por enfermedad: agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, gestión de residuos, transporte, y ventas minoristas.
Y como si fuera poco, los trabajadores fueron excluidos de la legislación de coronavirus “Familias primero” que les daba beneficios de desempleo, pues esta solo aplica para empresas que tienen entre 50 y 499 empleados y muchos latinos no trabajan para firmas de ese tamaño.
“Nuestro análisis muestra que la mayoría de los condados (80%) donde los trabajadores tienen alto estrés laboral (incluido Imperial), está en la lista de observación del estado por tener tasas de positividad del COVID-19, superiores al 8%”, dijo Flores.
“Las pautas para reducir la transmisión de COVID se diseñaron pensando en la clase media, en personas que pueden trabajar desde casa o faltar al trabajo”, añadió. “Pero todos seguimos comiendo todos los días y la comida proviene de algún lugar… esos trabajadores necesitan que se mejoren sus estándares de seguridad para protegerlos a ellos y a sus comunidades”.
Precisamente los trabajadores agrícolas son los que han llevado la peor parte. Muchos viven juntos en las plantaciones, comparten transporte hacia el lugar de trabajo o están en contacto permanente con superficies que pueden contener el virus, como en las plantas procesadoras de alimentos.
Segun Armando Elenes, secretario tesorero del sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos, (UFW en inglés), ellos han enviado cartas a los contratistas que continúan sus operaciones como de costumbre y “culpan a los empleados si se enferman diciendo que fue su propia falta de cuidado”.
“Los empleadores se rehúsan a pagar días de enfermedad aunque California extendió el beneficio para quienes trabajan en la cadena de suministro de alimentos… nos preocupa que se viene la temporada de cosecha y el contagio va a ser mucho más rápido”.
Dice Elenes que aunque el sindicato ha logrado proteger a trabajadores mayores de 65 años, es más difícil con otros grupos etarios, familias indocumentadas e incluso aquellos que “no quieren decir que están enfermos por miedo a que no los contraten la próxima temporada”.
No hay suficientes médicos
La situación socioeconómica del condado ha sido caldo de cultivo para la crisis. Los servicios de salud han padecido varios recortes presupuestales, no hay suficientes médicos y menos una infraestructura robusta para lidiar con una población fronteriza que se mueve constantemente.
Asi lo explicó Luis Olmedo, director ejecutivo del Comité Cívico del Valle Inc. para quien la comunidad ya lidiaba con asuntos endémicos que la convirtieron en el “ground zero para esta pandemia”.
“Estamos perdiendo la guerra contra el COVID en nuestros vecindarios”, dijo. “Necesitamos botas en el terreno, salas de emergencia, ventiladores… Estos problemas han sido documentados década tras década, ¿seguimos así porque somos latinos?… Necesitamos estar en la lista de inversión de emergencia del gobernador”, aseveró.
Los activistas esperan que en la siguiente reunión de la Junta de Supervisores del 16 de julio se apruebe una directiva para recoger información sobre casos positivos por industrias, y que al menos en cada lugar de trabajo haya un trabajador capacitado en protocolos de seguridad y salud que pueda reportar las condiciones laborales.
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