Cerco militar en Chalatenango, El Salvador
El sábado pasado, el Gobierno de Nayib Bukele de El Salvador impuso un cerco militar a varias comunidades rurales en el oriente del departamento de Chalatenango, después que dos jóvenes fueran asesinados en la zona.
En el operativo participan cinco mil soldados y mil policías.
Los pueblos militarizados son San Antonio Los Ranchos, Guarjila, Comunidad Ellacuría, San Antonio de la Cruz, Arcatao, San José Las Flores, Nueva Trinidad, Potonico, Portillo del Norte, Las Mercedes, Azacualpa, Nombre de Jesús y San José Cancasque.
En San Antonio Los Ranchos ,los soldados han ido de casa en casa levantando un padrón de sus residentes. Preguntan quiénes integran las familias y quieren saber dónde se encuentra cada uno de sus miembros. Si alguno ha fallecido, les exigen mostrar la partida de defunción; si algún familiar radica en EE.UU., piden documentación de remesas recibidas. El Gobierno ha hecho circular imágenes de tropa en parada militar en una cancha de fútbol o marchando en las calles de Los Ranchos.
No son conductas propias de amigos que llegan a protegerles.
La gente está amedrentada y temerosa. Y con fundada razón.
En las décadas de los ochenta y noventa, los pobladores de este departamento fueron blanco de las políticas de tierra arrasada del Ejército. Miles de campesinos fueron masacrados y sus viviendas destruidas, estrategia que produjo un fenómeno de desplazados de gran magnitud. Muchos se acogieron al refugio que la ONU administraba en Mesa Grande, Honduras.
Después de la firma de los acuerdos de paz de 1992, las comunidades de Chalatenango nunca se imaginaron que iban a padecer nuevos cercos militares. Y es que los municipios de esta región han sido los más seguros del país en más de tres décadas. Al contrario de lo que ocurrrió en el resto del territorio, las pandillas nunca pudieron aclimatarse en estos pueblos. Los pobladores no les dejaron entrar.
Un detalle llamativo. La fecha escogida para lanzar al Ejército contra estas comunidades es precisamente el día en que los salvadoreños recuerdan a Óscar Arnulfo Romero, el obispo asesinado el 24 de marzo de 1980 poco después de exigir a los militares que pararan la represión contra el pueblo.
No puede ser casualidad.
No es el único simbolismo que salta a la vista. En Guarjila, los soldados se alojaron en la Casa Museo “Jon Cortina”. Las administradores no pudieron oponerse. Cortina fue un sacerdote jesuita muy querido en estas partes. Entre otras causas, se dedicó a buscar por el mundo a niños que habían sido desaparecidos durante el conflicto armado. Chicos apresados en las operaciones e invasiones de contrainsurgencia, muchos de los cuales fueron vendidos a familias extranjeras al estilo de lo que hicieron los militares en Argentina.
Pocas horas después de acampamentarse en el museo, los militares abandonaron el museo Cortina, lo que se atribuye a las denuncias y la presión de las instancias que se han pronunciado en contra de esa ocupación.
Estos acontecimientos llevan a preguntarse por qué un Estado desplaza un tercio de sus fuerzas armadas para resolver un caso policial.
Hay residentes de estas comunidades que no creen que el operativo obedezca a los asesinatos de la semana pasada. Piensan que hay algo más de fondo.
En primer lugar, el Gobierno de Bukele está molesto con las comunidades del oriente de Chalatenango, que votaron abrumadoramente por el partido FMLN en las elecciones municipales del 4 de marzo.
Pero puede haber otra razón.
Hace unos años, estas y otras comunidades del norte de El Salvador impidieron que empresas mineras extranjeras se instalaran en la zona. La causa contra la minería se fundamentó en un genuino interés por la defensa del agua y el medio ambiente.
Existen innumerables estudios que demuestran que la extracción de metales contamina las fuentes de agua y es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. El movimiento condujo en 2007 a la prohibición total de la extracción de metales en El Salvador.
Hay razones para creer que Bukele tiene interés en revivir la minería. En 2021, anunció la creación de la Dirección General de Energías, Hidrocarburos, y Minas. En enero del año pasado, cinco “defensores del agua” del departamento de Cabañas que habían participado en el movimiento contra la minería fueron detenidos alegando crímenes que no han podido ser demostrados. Arrestos arbitrarios de este tipo se amparan en el Régimen de Excepción impuesto en marzo de 2022, y que sigue vigente hasta la fecha
Indudablemente, varias motivaciones se esconden tras el actual operativo de militarización en Chalatenango. Pero el trasfondo es un régimen obsesionado con el poder absoluto que no perdona la disidencia y quiere someter las mentes y los corazones.
Ervin Serrano es periodista. Vive en Nueva York.
