La ley SB1070 promulgada el viernes por la gobernadora Jan Brewer, capaz de convertir Arizona en un gigantesco campo de detención y deportación, es inaplicable. No se puede poner en efecto.
Esto lo sabe ella; lo sabe Russell Pierce, el senador estatal que promovió la legislación.
Lo saben los jefes de policía a quienes la nueva ley obliga a definir y arrestar a cualquiera que les parezca ‘deportable’ y quienes se le han opuesto abiertamente, a excepción de uno, de quien se hablará después.
Arizona no tiene recursos suficientes para poner en efecto la ley, ni para superar con éxito la avalancha de demandas legales generales y personales que ya inicianpor parte de organizaciones como el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), ni por ciudadanos estadounidenses que hayan sido detenidos por el color de su piel, o por el gobierno federal en cuyas atribuciones – tiene el monopolio constitucional a decidir la política migratoria – se entrometió aquel estado.
Si lo saben, ¿por qué la legislaron y promulgaron? ¿Por qué, con caras serias, afirman que éste es el inicio de una nueva era?
Por el efecto político, la resonancia, para dar una victoria a las huestes nativistas y racistas y congratularse con éstas.
Esta ley contra los indocumentados es un stunt, un ardid publicitario.
Pero no por eso es menos peligrosa.
La aprobación de la SB1070 abrió la guerra cultural – por si necesitase apertura – de las elecciones congresionales de noviembre. Una guerra que el presidente Obama quería evitar y por lo que no había apoyado promover la reforma migratoria este año, antes de conseguir apoyo republicano. Por eso inicia una nueva era.
Ya es tarde para postergar la confrontación. En el ámbito nacional el senador John Kerry tuvo que desechar la importante reforma energética cuando su coautor republicano Lindsay Graham, un republicano moderado, le retiró su apoyo. Es que también Graham intenta detener el debate migratorio, que está rindiendo dividendos a los extremistas, porque en ello se le va a él la vida política y se acelera la desaparición del politicus republicanis moderadis, una especie en vías de extinción.
Entretanto, Graham rinde pleitesía a la nueva legislación, al igual que el senador John McCain, de Arizona misma, el ex candidato presidencial que se suponía era un republicano capaz de lograr el apoyo de los centristas independientes. La metamorfosis de McCain constituye un verdadero malabarismo de saltimbanqui, y todo sin que se le caiga la cara.
El debate sobre la SB1070 produjo después de muchos meses de lucha un conjunto de medidas represivas y un montón de insoportables frases hechas sobre la falsa relación entre inmigrantes y crimen. Esta afirmación es tan absurda que entristece escucharla de boca de alguien como John McCain.
Pero la xenofobia y el racismo no respetan fronteras estatales. Aquí en California pese a los avances de los latinos en los últimos años, siguen fuertes. Hay que rascar delicadamente la superficie, hacer a un lado la leve bruma de eufemismos como “inclusión” y “diversidad” y allí está.
Por ejemplo, se encuentra en la guerra de avisos entre los dos precandidatos republicanos a gobernador de California, Meg Whitman y Steve Poizner, quienes se acusan mutuamente se ser “blandos” (soft) “con los ilegales”.
“Tenemos que enjuiciar a los ilegales y a los ilegales criminales en todas nuestras ciudades. En todas partes de California”, dijo la liberal (según la insulta Poizner) Whitman.
Por su parte, el liberal Poizner (según Whitman) pregonó ante la convención republicana la eliminación de todos los servicios públicos para ilegales que están bajo control del estado y se comprometió a tratar de convencer al gobierno federal que permita a California expulsar niños de inmigrantes de las escuelas.
En virtud de su inmensa riqueza, uno de ellos podría terminar siendo el próximo gobernador o gobernadora de California. Especialmente Whitman, quien prometió invertir en la campaña hasta 150 millones de dólares de su propio dinero.
Necesitados ambos del voto republicano entusiasta y cada vez más intransigente, emiten opiniones que no comparten y promesas que mucho menos piensan poner en efecto.
Pero al igual que en Arizona, también en California esas bravuconadas tienen efecto: difunden más hostilidad y determinación entre los extremistas. Aseguran en sus convicciones a los más convencidos y los reconfortan con un sentido de misión nacional y mística y la solidaridad del trabajo político conjunto. Que lo sepan: el que siembra vientos, cosecha tempestades.
Aprobada la SB1070, los antiinmigrantes proceden para ampliar sus conceptos a otros estados. También en California. Este fin de semana, el estado recibió a Joe Arpaio, el sheriff del condado de Maricopa en Arizona, quien aplica inpunemente tácticas de terror contra parte de su población civil, y de quien prometí mencionar luego. Arpaio quien visitó Orange County para apoyar la candidatura de su ex lugarteniente Bill Hunt a sheriff de ese condado.
El sábado, las organizaciones latinas de California convocaron a una gran marcha del Primero de Mayo en Los Angeles. Otros grupos los secundan en concentraciones de latinos en todo el país, con apoyo de los sindicatos.
Contrariamente a lo que algunos afirman, la abundancia de opresión no incrementa la conciencia social. Es trágicamente falso que “cuanto peor (para el pueblo), mejor (para su conciencia)”. Pero la gente sí tiene el libre albedrío de actuar. De escuchar a los organizadores y de organizar a otros. De enterarse a través de su actividad, de aprender y participar. Este sábado es una oportunidad para comenzar a contrarrestrar las malas nuevas.
Fundador y co-editor de HispanicLA. Editor en jefe del diario La Opinión en Los Ángeles hasta enero de 2021.
Nació en Buenos Aires, Argentina, vivió en Israel y reside en Los Ángeles, California. Es periodista, bloguero, poeta, novelista y cuentista. Fue director editorial de Huffington Post Voces entre 2011 y 2014 y editor de noticias, también para La Opinión. Anteriormente, corresponsal de radio. Tiene tres hijos adultos que son, dice, "la luz de mi vida".