La división de poderes en Argentina: el equilibrio perdido

Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, estableció hace ya tres siglos en Francia la teoría sobre el ejercicio del poder que se constituiría con el tiempo en el axioma clave en el proceso de formación de las democracias de Occidente. La división del gobierno en tres poderes diferentes en su integración, en sus funciones y organigrama, garantizarían el equilibrio necesario para el desarrollo armónico de la sociedad, quitándole  los riesgos que conllevaban las arbitrariedades del absolutismo monárquico. Montesquieu estableció en El espíritu de las leyes que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deberían ser independientes entre sí, integrados por personas diferentes y contar con mecanismos de control mutuo que impidieran el dominio manifiesto de un poder sobre otro. Con ello garantizaba los derechos de la clase burguesa en ascenso, frente al dominio del rey, la nobleza y el clero, clases privilegiadas que no pagaban impuestos.

Las grandes corporaciones

El sistema democrático fue expandiéndose en Occidente y es aún hoy el que nos rige desde el ordenamiento constitucional de cada país. En Argentina y Latinoamérica en general han funcionado por épocas las instituciones, con una vigencia que ha ido fluctuando según fueran los gobiernos electos libremente, o producto de regímenes dictatoriales militares. El siglo XX fue una muestra de tal alternancia, que tenía mucho que ver con la injerencia mayor o menor de intereses económicos y geopolíticos globales, que provocaban periódicamente golpes de estado interrumpiendo la vigencia de aquel reparto tripartito del poder. Hoy, las grandes corporaciones financieras e industriales, sus organismos anexos como el FMI y el Banco Mundial y los grupos económicos nacionales, son los que mediante el uso planificado de los estamentos judiciales y legislativos, la publicidad engañosa a través de fake news, usando la TV y las redes sociales, van torciendo la razón y creando sentimientos primitivos como el odio y la discriminación racial, social y/o nacional, como recurso para dirigir las decisiones populares más importantes. Son miles de millones de pequeños golpes mentales que exacerban los sentidos en contra de quienes se oponen a la injusticia social y al dominio económico de los pocos poderosos.

El caso de Argentina

La división de poderes ha ido desapareciendo debajo de estos recursos. La Argentina de Mauricio Macri es un espejo perfecto de este cambio dramático. Hoy se considera normal lo que hace pocos años hubiera levantado en vilo a la opinión pública y a los medios de comunicación: que el presidente opine sobre la labor de la justicia o de los legisladores y que intervenga en esos poderes mediante decretos personales que cambian jueces y fiscales, reuniones secretas entre jueces y agentes del ejecutivo, aprietes y amenazas de Servicios de Inteligencia hacia los magistrados rebeldes a los dictados oficiales.

Un Poder Legislativo sumiso

Al Poder Legislativo se lo puesto al servicio del gobierno mediante el recurso conocido como “del látigo y la billetera”. El presidente Macri, cuyo partido es minoritario en ambas cámaras, ha logrado sin embargo la sanción de numerosas leyes, amenazando a los gobernadores de la oposición con ahogar las economías provinciales secándolas de fondos nacionales, indispensables para hacer obra pública, subsidiar el transporte público o pagar los sueldos. Así ha logrado que diputados y senadores de otros partidos se hinquen ante proyectos tan perjudiciales como: reducción de jubilaciones, baja de presupuesto para educación, salud y ciencia, pago a los fondos buitres sin discusión del Congreso Nacional, al contado y sin negociar el monto, por nombrar algunos.

Lo mismo con el Poder Judicial

Con el Poder Judicial se ha optado por el atropello liso y llano de su autonomía, comenzando por invadir el Consejo de La Magistratura, órgano que designa y remueve jueces, que ha sido copado con maniobras sucias por el oficialismo, hasta tener mayoría absoluta, de manera que hoy puede designar o despedir al juez que se le ocurra, dejando a la oposición sin defensa alguna. Así han sido cesanteados del sistema judicial o trasladados a lugares de menor importancia: la procuradora general Alejandra Gils Carbó, los jueces Eduardo Freiler, Luis Arias, Martina Forns, los fiscales Félix Crous y Juan Pedro Zoni, el procurador Carlos Balbín y sigue la lista. Todos fueron excluidos por oponerse a las órdenes del Ejecutivo, por anular aumentos abusivos en los servicios públicos, por investigar a funcionarios oficiales o por liberar a adversarios del gobierno presos sin motivo, es decir, por pretender poner límites a los abusos del Ejecutivo, que es su primordial tarea.

Una justicia especial para Macri

Los graves casos de corrupción que afectan directamente al Ing. Mauricio Macri, han sido sistemáticamente desechados por la justicia, mediando el apriete, cuando no la amenaza directa, de agentes del gobierno, situación que ha sido denunciada en varias oportunidades nada menos que por la principal aliada política del primer mandatario, Elisa Carrió. Fueron destinatarios de sus advertencias Daniel Angelici y Gustavo Arribas, dos amigos cercanos de Macri, (Arribas jefe de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia). Asi, el presidente fue exculpado en varias causas: 1. Al asumir, hacía 5 años que era investigado por espionaje a sus parientes con fondos públicos, junto a un ministro, un comisario y un agente secreto. A los pocos días de lucir la banda presidencial fue desvinculado del caso. 2. El caso de la empresa Correo Argentino, de propiedad de la familia Macri, con una deuda reconocida de 4,000 millones de dólares que data de hace 20 años y nunca fue pagada por la demora de un litigio que, con maniobras leguleyas y mucha influencia en la justicia, la famiglia calabresa del presidente logró demorar hasta hoy, cuando la deuda sigue impaga. 3. Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas le descubrió a Macri cuentas y empresas offshore radicadas principalmente en Bahamas (se estima su total en 51), se le iniciaron acciones judiciales que, sin indagar ni el origen de los fondos, ni sus movimientos, ni su estado actual (detalles que un mandatario honesto hubiera dado por sí solo, sin necesidad de requerimiento alguno), fueron desestimadas también por un juez complaciente.

Otro trato para los kirchneristas

Por el contrario, las causas en las que se implicó a funcionarios kirchneristas avanzan a toda velocidad. Como si los jueces no tuvieran otra tarea que acorralar y encarcelar en algún caso, a la ex presidenta, al ex vicepresidente, ministros, secretarios y hasta simples militantes. Se los acusa de delitos que en muchos casos no pueden ser corroborados y rápidamente tienen que ser puestos en libertad. En otros casos como el del ex vice presidente Amado Boudou, fue absuelto en algunas causas y en la que fue condenado el proceso continúa, a pesar de la endeblez de las pruebas con las que se lo pretende condenar definitivamente.

El caso de Cristina Kirchner

El caso más emblemático de los que afectan a Cristina Fernández de Kirchner, al que se conoce como “la causa de los cuadernos”, es el ejemplo más perfecto de lo que aquí en Argentina llamamos “juicio trucho”: 1. Comenzó a partir del hallazgo de 8 cuadernos escolares, donde al parecer Oscar Centeno, un chofer de un funcionario ministerial, cuenta con detalle las coimas que se cobraban en las distintas empresas adjudicatarias de obra pública, para beneficio de la presidenta y sus funcionarios. El detalle es que los cuadernos jamás aparecieron y ello impide un peritaje que determine quién y cuando se escribieron. 2. Al caso se lo auto asignaron un fiscal y un juez amigos del gobierno. Pero el Código Procesal Penal determina que toda causa debe ser sorteada entre los jueces que tengan jurisdicción y fuero en el caso. 3. Los testigos declarantes como imputados en la instrucción de la causa (más de 30) fueron encarcelados antes de ser indagados. Luego de varios días de “ablande” en la celda, se les dio la opción de declarar que pagaron coimas a la ex presidenta y salir en libertad durante el proceso. O de lo contrario quedarían en la cárcel. Según varios abogados de los acusados, estos prefirieron mentir y salir en libertad que quedar presos por un tiempo indeterminado, como le sucede hoy a varios que negaron su culpabilidad. Entonces tenemos la paradógica situación de que quienes se declararon culpables están libres y quienes negaron culpabilidad están presos. Así estamos los argentinos, atónitos ante el avasallamiento de estos dos poderes, algunos de cuyos integrantes han rendido armas y bagajes ante la amenaza oficial, o el dinero que compra voluntades, o el presunto descrédito que se publicita en los medios amigos del oficialismo hacia el rebelde que no se acomode a los caprichos y designios del poder ejecutivo. Estamos ante el panorama paradójico de una fracción de opinión pública que odia y condena quien no ha sido condenado y aprueba la conducta de quien no ha sido investigado lo suficiente.