El libro de los muertos del 911 seguirá abierto mientras no se reconozca a las víctimas indocumentadas
En estos días se cumplió otro aniversario del ataque terrorista del 11 de septiembre. Como cada año, tuvieron lugar ceremonias conmemorativas. Se leyeron los nombres de los 3,000 muertos, tanto en las Torres Gemelas como en el Pentágono y en Stony Creek Township, Pennsylvania.
“Nine eleven” dejó un manchón de horror en la imagen de Nueva York. Durante largos meses y años esa fue la cara de la ciudad. Un par de meses después de los atentados viajé a la ciudad cuando trabajaba para el Huffington Post. Un colega me llevó a las Torres, para aquel entonces un cementerio gigantesco rodeado de cercas y con una multitud de trabajadores adentro.
A lo largo de ellas, todo alrededor del perímetro de lo que fueron los edificios, centenares o miles de pequeños pósters con las fotos de los caídos. Missing. Su nombre, algún dato de contacto. ¿Acaso hubo alguien hallado vivo como resultado? Quizás. Pero eran miles de focos de esperanza y al mismo tiempo, de desesperación.
El ataque sacudió al país como ningún otro evento desde Pearl Harbor, y dictó nuestra historia durante los siguientes 22 años.
Los nuevos números
Con el tiempo, se ha ido agregando nuevos números a las cifras fatídicas de víctimas, incorporándose todos aquellos que dieron su vida después de haber contraído enfermedades varias, especialmente respiratorias, a causa de las 400 toneladas de asbesto pulverizado surgidas en una nube que se expandió por el Bajo Manhattan. Quienes inhalaron el humo, el polvo, desarrollaron cánceres de diversa tipología, fallas respiratorias, problemas gastrointestinales. Sin hablar de los traumas mentales, para toda la vida.
No todas las víctimas posteriores al atentado llevaban uniforme.
Una de las menos conocidas de esa fecha y las subsiguientes es la historia de los inmigrantes indocumentados durante el Once de Septiembre. Los que trabajaban en las torres, sirviendo comida, limpiando oficinas, hasta dirigiendo empresas. Los que desaparecieron en el polvo. Los que laboraban alrededor de los edificios. Los que por miles, acudieron a limpiar el gigantesco terreno.
Rápido, rápido. Había urgencia de volver a la normalidad. Intensa presión para limpiar lo más rápido posible lo que quedaba del World Trade Center. De reabrir la Bolsa de Valores de Wall Street. De mostrar “business as usual”, o “the show must go on”.
La Agencia del Departamento de Protección Ambiental les dijo a cerca de 400,000 neoyorquinos que regresaran a su trabajo, escuelas y sus casas. Hoy sabemos que esa fiebre que recordamos de retomar la normalidad empresarial causó centenares de miles de enfermos y miles de muertes de héroes no reconocidos del “Nine eleven”.
Pero con el pasar de los años se demostró que quedaron en el aire por meses agentes muy contaminantes y tóxicos.
Y por supuesto, nadie se hizo responsable de ese acto macabro.
Sin cambios al estatus migratorio
En los atentados mismos murieron, dicen quienes contaron, unos 250 hispanos: 177 hombres y 81 mujeres. El 9% del total. A la hora de los beneficios, los dividieron entre los inmigrantes indocumentados y el resto. Los deudos de los “ilegales” y ellos mismos, cuando tratamos de heridos, por años no fueron reconocidos por las autoridades por ser indocumentados. Y muchos de ellos sí recibieron algún tipo de tratamiento médico y compensación económica, pero siguen sin obtener el estatus migratorio por el que tanto han luchado.
El problema fue que al no tener documentos, para las autoridades las víctimas no existían.
¿Cómo se puede demostrar que una persona, que deliberadamente había intentado permanecer oculta del sistema, era real sin la documentación adecuada?
Es por eso que los inmigrantes sufrieron doble ataque: por los terroristas y por las circunstancias de sus vidas que los llevó a no tener papeles en un país ajeno.
Así, el consulado mexicano anunció que 16 mexicanos habían perdido la vida, pero solo cinco de ellos fueron identificados por el gobierno.
Según la organización sin fines de lucro Unite Here, al menos 43 trabajadores hispanos que trabajaban en el piso 106 en el restaurante The Windows on the World, murieron. El Fondo Federal de Compensación pagó entre 1.1 y 1.4 millones por los únicos cuatro que reconoció.
Uno de los rescatistas hispanos recuerda que recibía muchas llamadas de familias desesperadas, que en vano recorrían los hospitales de Manhattan, las morgues, buscando a sus seres queridos. Observó que no pedían ayuda de las autoridades. No tenían documentos para demostrar que la persona trabajaba en o cerca de Ground Zero.
«La policía pedía una identificación… ¿quién en su sano juicio irá a la policía con papeles falsos?» No los reportaron, por miedo a la deportación.
Vengan y reporten
Después de semanas, las autoridades migratorias reaccionaron, anunciando que no iban a tomar medidas, que no importaba el estatus migratorio. Lo mismo dejó claro el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de septiembre. Que vengan y reporten sus casos, dijeron. Que van a recibir beneficios.
“Tengan en cuenta que el estado migratorio no influye en su audiencia y las personas indocumentadas pueden asistir a una audiencia del VCF sin riesgo de exposición”, todavía dice en el sitio del Victims Compensation Fund.
El abogado Michael Barasch, defensor legal del 11 de septiembre, decía: “hay miles de afectados, que por no tener papeles, han preferido resistir en silencio cuadros de salud. Se han endeudado y lamentablemente otros están muertos o discapacitados… Incluso con compañeros testigos se puede comprobar su identidad. La idea es perder el miedo y consultar”.
Pero la gente tenía miedo, y la comunicación sobre los servicios de ayuda disponibles era ineficaz. Diversas agencias de ayuda, gubernamentales y no gubernamentales, pedían diferentes requisitos procesales y tenían lógicas de prueba diferentes. En algunos casos, eso hizo poco menos que imposible que los migrantes indocumentados o sus familiares proporcionaran prueba de su presencia en el sitio o de su empleo en los negocios afectados;
Lo documenta la película Seen But Not Heard, dirigida por Calogero Salvo, que siguió de cerca los relatos de familiares y sus esfuerzos para convencer a las autoridades de que sus familiares efectivamente existían y poder acceder a fondos de compensación.
Fuera de las estadísticas
En el documental, Luz María, cuatro hijos, no veía al esposo desde hacía dos años. En su trabajo, “traía comida a las oficinas”. Salió a buscarlo por los hospitales. Fue al Family Center en Pier 94, donde estaban concentradas las agencias de ayuda, como la Cruz Roja o la Unidad de Asistencia Comunitaria (CAU), para tratar de inscribirlo. La entrevistaron: “You have no ID? No passport? No bills?No correspondence in his name? No birth certificate? Nothing?”
Nothing.
El muro que rodeaba al edificio era un muestrario del horror, con fotos de los que no volvían. Ella solo pudo agregar la de su esposo.
Para muchos entonces, lo que les hizo el ataque de hace 22 años es que sean más desaparecidos. Ni siquiera forman parte de las estadísticas. Están completamente invisibles.
En un primer momento, la asociación Tepeyac de Nueva York confeccionó una lista de 700 desaparecidos, casi todos inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Con los años, su lista se redujo a 67 desaparecidos. Pero de ese número, las familias de sólo 12 se presentaron y probaron la existencia de su ser querido para poder obtener algo de ayuda. Pero los siguen buscando.
Los que limpiaron
Pero no se trata solamente de los que estaban en las torres o alrededor de ellas, los muertos y heridos del atentado mismo.
A los pocos días del ataque terrorista, corrió la voz en los vecindarios inmigrantes de que se necesitaban con urgencia trabajadores para ayudar en las labores de limpieza. Ofrecían $10 la hora, o $60 por día, sin preguntas sobre el estado migratorio.
Allí fueron contratados por pequeñas empresas privadas no sindicalizadas varios miles, que necesitaban esos $10 la hora.
Pero mientras que la policía, los bomberos, los trabajadores sindicalizados y casi todos los demás usaban equipo de protección moderno y adecuado, los 2,000 trabajadores indocumentados que limpiaron Ground Zero solo recibieron mascarillas de papel.
Casi el 70% de los trabajadores que ayudaron en la limpieza mostraron síntomas respiratorios, según investigadores del Centro Médico Mount Sinai.
En total, el número total de muertes sería de más de 4,610.
Veintidós años después
Pasaron los años. Nuevos números con cada aniversario. Todavía se anuncian identificaciones de restos por medio de nuevos métodos de reconocimiento del ADN. Se siguen abriendo expedientes por solicitudes de ayuda.
Muchos no conocen esas opciones, por lo que legisladores de NY avanzan en un proyecto de ley que obligaría a las empresas del Bajo Manhattan a informar a su fuerza laboral sobre el Programa de Salud WTC.
La Ley de Aviso del 11 de Septiembre «exige que las agencias estatales desarrollen reglas para que las empresas informen a sus empleados (o ex trabajadores) sobre dos programas federales, el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre y el Programa de Salud del World Trade Center, si se enfermaran por su exposición al estar en el Bajo Manhattan», escribe esta semana Eric Feldman para Spectrum News.
El año pasado, en septiembre de 2022, el título de un reportaje en El Diario de Nueva York decía: “¿Eres indocumentado y estuviste expuesto al polvo tóxico de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York? 21 años después, puedes tener ayuda médica” Hay ayuda disponible.
El libro de los muertos del Nine Eleven no se ha cerrado. Sigue abierto, y lo seguirá mientras no se identifiquen los cuerpos, no se resuelvan estos casos, no se haga justicia a todas las víctimas. A todas.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
