La guerra de Trump contra inmigrantes no ha parado durante la pandemia

Con más de 400 acciones ejecutivas, el presidente Donald Trump ha cambiado drásticamente el sistema de inmigración en el país desde que llegó a la Casa Blanca. Y en los últimos meses, con el pretexto de proteger a los estadounidenses de la pandemia del COVID-19, esta guerra contra los inmigrantes que son los trabajadores esenciales del país, no ha hecho otra cosa que escalar.

Esas son las principales conclusiones del más reciente informe del Instituto de Políticas de Migración (MPI en inglés) que le puso la lupa a un extenso catálogo de cambios en las políticas migratorias hechos por Trump desde enero de 2017. Según Sarah Pierce, analista de MPI y una de las autoras del estudio, estas directrices han estado en los libros durante años pero nunca antes se implementaron, lo que refleja “el conocimiento de la administración (Trump) para hacer cumplir las leyes de inmigración”.

“Cerrar los beneficios humanitarios, sellar la frontera sur, hacer que la vida en el interior sea incómoda para los migrantes legales y los no autorizados y reducir la inmigración legal en el país… la pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar estos cambios”, observó Pierce durante una conferencia vía zoom organizada por Ethnic Media Services.

La llegada del COVID-19 le dio a Trump nuevas oportunidades para impulsar esas políticas, de las cuales tres son las más impactantes en tiempos de pandemia, dijo Pierce.

La primera ha sido bloquear la inmigración en la frontera bajo el Título 42 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe la entrada de extranjeros si existe un «grave peligro de entrada de enfermedades a los Estados Unidos. Esto en línea con las directivas de los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC en inglés) que buscan evitar la transmisión del coronavirus.

“Como resultado los solicitantes de asilo han sido expulsados de la frontera sur… quienes argumentan miedo a ser torturados de regreso a su país (la mera persecución ya no es una razón suficiente) tienen alguna chance de aplicar a beneficios humanitarios”, dijo Pierce. “Pero la verdad no sabemos mucho sobre los procedimientos del CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), no sabemos quién es elegido y por qué”.

La segunda es una proclamación del 22 de abril con la que Trump restringe la emisión de visas argumentando que por la crisis económica que ha disparado el desempleo, los estadounidenses estarían en seria desventaja para reintegrarse al mercado laboral si hay más inmigrantes. Esto afecta la regulación de visas con base en lazos familiares, en específico a padres, hermanos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos de residentes legales permanentes. Adicionalmente restringe los cupos para la lotería de visas de diversidad.

“Esto busca la reducción de lo que la administración ha llamado ‘migración en cadena’, para lo que antes necesitaba la cooperación del Congreso”, explicó Pierce.

Y una más reciente directiva del 22 de junio, busca restringir la entrada de trabajadores en las distintas categorías de visas H-1Bs, H-2Bs, H-4s (trabajadores extranjeros, especializados y por temporada), L1 (gerentes ejecutivos) y J1 (visitantes de intercambio). Los únicos excluidos de esta medida fueron los trabajadores agrícolas.

“Esto tiene impactos significativos en la industria tecnológica y en la innovación”, sostuvo Kalpana Peddibhotla, abogada de inmigración de la firma Mathews Peddibhotla. “Los trabajadores de alta tecnología ayudan a las compañías a alcanzar ciertas metas y son multiplicadores de trabajo… De hecho los inmigrantes (emprendedores) tienen el doble de probabilidades de iniciar negocios que los nativos nacidos en los Estados Unidos”.

Con este último memo, Trump no solo restringe la inmigracion empresarial, sino que ataca directamente la inmigracion legal al país. Sus directivas han complicado la emisión de visas de trabajo, requiriendo tres veces más documentos que la administración anterior, incluso para trabajadores altamente calificados. El papeleo que los empleadores antes tardaban dos semanas en completar, ahora toma meses, y las extensiones de visas ya no son automáticas sino que el aplicante tiene que comenzar su proceso desde cero.

“Desde presidencia argumentan que 525,000 trabajos serán protegidos con estas acciones. Pero hasta el momento a 167,000 inmigrantes se les ha negado la entrada. Ni siquiera bajo la falacia del reemplazo de trabajos uno a uno, las matemáticas dan”, anotó Peddibhotla.

Un estudio del American Enterprise Institute encontró que por cada 100 trabajadores patrocinados con visa H-1B se crean 183 empleos para los nativos estadounidenses y en el caso de 100 visas H-2B, el resultado es la creación de 464 trabajos para los locales.

Estos cambios siguen siendo desafiados en las cortes por individuos y organizaciones civiles y más recientemente por la Asociación Nacional de Fabricantes, y la Cámara de Comercio de EE. UU. “Seguimos gobernando las leyes de inmigración a través de la acción ejecutiva y los miembros (demócratas) del congreso continúan diciendo: por favor sigan demandando”, dijo Peddibhotla. “Es importante que continúen las demandas”.

Veto a nuevos aplicantes de DACA

Otros de los afectados por esas acciones ejecutivas son los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Desde el memo de Trump que rescindió el programa en 2017 y que la Corte Suprema restauró por considerarlo “arbitrario”, varias medidas han intentado cortar o restringir sus beneficios.

El más reciente memorando del 28 de julio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) le ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigracion de Estados Unidos (USCIS en inglés) rechazar cualquier aplicación nueva de DACA, es decir que aquellos que nunca lo han tenido no pueden iniciar su proceso, lo que deja a 300,000 jóvenes por fuera del alivio migratorio.

Adicionalmente, renovar los permisos de trabajo a un costo de $495, ahora será posible solamente por un año, cuando en el pasado se hacía por dos.

“La capacidad de pagar las tarifas relacionadas con DACA ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para muchos beneficiarios”, explicó Ignacia Rodríguez, defensora de políticas en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “En estas dificultades financieras sin precedentes (por COVID) el cambio es un riesgo para la autorización de empleo y la protección contra deportaciones”.

Rodríguez contó que su organización está presionando al Congreso para que en los paquetes de alivio de COVID-19, las familias de estatus mixto sean incluidas al igual que una extensión automática de los beneficios de trabajo para beneficiarios de DACA y del estatus de protección temporal (TPS).

“La gente no tiene acceso a servicios legales, las oficinas están cerradas (durante la pandemia)” argumentó Rodríguez. “Nos preocupa que los problemas de presupuesto de USCIS y los cambios en los manuales de políticas hagan los procesos más demorados… Más aún el factor discrecional de USCIS para otorgar otros alivios migratorios”.

Las analistas fueron moderadas al discutir cambios bajo una probable administración de Joe Biden pues el país enfrenta urgencias como la crisis del sistema de salud por la pandemia, una tasa de desempleo por encima de dos dígitos, y los apremiantes cambios para atacar el racismo estructural. 

“Pareciera fácil porque todos los cambios se han hecho con órdenes ejecutivas”, dijo Pierce del MPI. “Pero lo han hecho de una manera tan rápida que un gobierno demócrata necesitará muchos recursos y voluntad política para dedicar tanto tiempo a la inmigración”, concluyó.

Este artículo fue distribuido por Ethnic Media Services.