La orden ejecutiva del presidente Biden: un alivio para menos del 1%
Conozco a Eva desde hace 10 años. De lunes a viernes se levanta a las 4:00 de la mañana para ir a trabajar y sale hasta las 6:00 de la tarde; llega a casa exhausta, molida por una jornada de trabajo de más de 12 horas diarias. Gana el mínimo y no tiene ninguna prestación; le pagan por abajo del agua, en efectivo, porque no tiene un seguro social válido para trabajar.
Más de 10 millones de vidas seguirán sin alivio
Eva maneja cada vez menos porque tiene problemas de la vista y en los últimos años su salud se ha complicado. No va al médico porque no le alcanza. Ya le está pegando a los 60 y los achaques de una vida de trabajo arduo le cobran una factura. Vive al día, cheque a cheque, y para ella pensar en un retiro es como imaginarse un sueño guajiro. No tiene infracciones ni ningún encuentro con la justicia, ha pagado impuestos con su ITIN y se ha convertido en una ciudadana modelo, sin serlo, solo para seguir debajo del radar de las autoridades. Es indocumentada desde hace más de 25 años y nada ni nadie le da esperanza para salir de esas sombras en las que la metió el destino y el gobierno.
Ella es una de las más de 10 millones de personas que no tienen derecho a un alivio migratorio con ninguna de las órdenes ejecutivas presidenciales. La que se anunció esta semana, que le daría un camino a la legalización a los cónyuges e hijos de ciudadanos, no la incluye.
De hecho, solo alrededor de medio millón de los aproximadamente 10.5 millones de personas en situación irregular migratoria podrían “arreglar” con esta medida. Es un porcentaje que no se desprecia, pero tampoco representa. Es otro parche más en un globo a punto de reventar.
La solución al problema migratorio aún no llegó
Después del anuncio de las directrices para mantener a las familias unidas y ofrecer un camino a la legalización permanente a algunas familias de estatus migratorios mixtos, hubo muchos grupos que criticaron la medida. Los titulares más conservadores dijeron que se trataba de una “amnistía masiva”, que provocarían una “invasión” sin precedentes que podría en riesgo la seguridad nacional. Se tiran los dados y una vez más en este país avanza la ignorancia.
Pongamos en contexto la conversación, de acuerdo con el Pew Research Center, las personas en limbo migratorio representan solo el 2% de la población total de Estados Unidos y el 22% de la comunidad migrante. La gran mayoría de los que nacieron en otra patria, pero echaron raíces en esta, el 49%, que son unos 23.1 millones, son ya ciudadanos naturalizados; el 25%, unos 11.6 millones, con residentes permanentes con un camino a la ciudadanía. ¿Es esto de verdad un tsunami migratorio? ¡Por Dios!
Las personas que podrían beneficiarse con la orden ejecutiva tienen más de una década viviendo en este país, así como Eva, en orden, con la esperanza de que un día como este llegara. El alivio, reconozcamos, será para menos del uno por ciento. ¿Es una solución al fenómeno migratorio? Claro que no. Seguimos tapando el sol con un dedo. ¿Es una estrategia política? ¡Por supuesto! Estamos en un año electoral y solo queda irse a los extremos. Los comicios de este 2024 se han convertido en una polarización de partidos, entre más radicales, más adeptos. Si los republicanos tienen al huracán de Trump, a los demócratas les toca contrarrestar con medidas como esta para compensar la tibieza de Biden.
